El Gobierno entregó a última hora el plan para ejecutar el desalojo de las hectáreas que no serán expropiadas en el Cerro Centinela, donde se emplaza la megatoma de San Antonio, cumpliendo así con el requerimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El documento —de carácter reservado— fue ingresado a través de la Delegación Presidencial Regional e incluye detalles sobre la magnitud de la población que vive en el asentamiento, la disponibilidad de contingente policial y la coordinación con otros eventos masivos en la región.
Pese a ello, La Moneda optó por no informar la fecha exacta del operativo, argumentando razones de seguridad.
"Hablamos de un desalojo que, si se realiza en su totalidad, implica un esfuerzo mil veces mayor al de Lo Barnechea (de esta semana)", sostuvo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien subrayó que difundir públicamente los detalles podría comprometer el éxito del procedimiento.
Albergue temporal
Mientras tanto, el municipio de San Antonio habilitó el Colegio España como albergue temporal para quienes resulten desalojados, con capacidad para 116 personas —equivalente a unas 38 familias— pese a que en el terreno existen más de 4.000.
El gimnasio del recinto funcionará como refugio por tres días para grupos prioritarios, como embarazadas, personas con discapacidad y familias con niños, y contará con servicios básicos, aunque sin permitir el ingreso de mascotas.
El jefe de gabinete municipal, Esteban Hinojosa, aprovechó de reiterar "la urgencia de un plan habitacional de emergencia para la comuna, donde operan 67 comités de vivienda, varios con más de una década de antigüedad".
En paralelo, desde la UDI volvieron a cuestionar la expropiación anunciada por el Gobierno para regularizar el resto del terreno: el jefe de bancada, Henry Leal, acusó una "vulneración al derecho de propiedad" y afirmó que "su partido está disponible para impulsar una comisión investigadora o incluso una acusación constitucional".
Desde Interior y la Segegob respondieron que no existe ilegalidad alguna en el proceso y que la expropiación es una herramienta usada también por administraciones anteriores, incluido el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
