Tras nueva formalización: Alcalde de Algarrobo permanecerá en prisión preventiva

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

José Luis Yáñez (ex-UDI), junto a los otros siete imputados por delitos de corrupción durante su gestión, volvieron a enfrentar a la Justicia este martes.

La causa original, de malversación de caudales públicos y cohecho, indaga presuntas transferencias desde las arcas municipales hacia particulares.

Tras nueva formalización: Alcalde de Algarrobo permanecerá en prisión preventiva
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El exalcalde está en prisión preventiva, mientras que su expareja Belén Carrasco y su hermano Sixto Carrasco cumplen arresto domiciliario.

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El Juzgado de Garantía de San Antonio formaliza nuevamente este martes al exalcalde de Algarrobo José Luis Yáñez (ex-UDI), esta vez por el delito de lavado de activos, en paralelo a la causa de malversación de caudales públicos y cohecho asociada con su gestión.

El tribunal determinó realizar esta audiencia en abril pasado, con el fin de que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso exponga una nueva acusación en contra de los -hasta ahora- ocho involucrados en el caso original, incluida la extesorera municipal y antigua pareja de Yáñez, Belén Carrasco.

En la oportunidad, se anticipó que esta causa eventualmente puede ser fusionada con la principal, que indaga supuestas  transferencias bancarias desde las arcas municipales hacia cuentas de particulares -amigos y familiares entre ellos- con autorización municipal, las que generaron un perjuicio fiscal que supera los 1.100 millones de pesos.

Los involucrados actuaron como testaferros, pasando sus cuentas para cometer el fraude en perjuicio del municipio entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.

Fiscalía detalló que el alcalde Yáñez y Belén Carrasco autorizaron pagos improcedentes al resto de los imputados, quienes se quedaban con una comisión y luego le entregaban el dinero restante a los principales imputados, generando el mencionado perjuicio municipal.

Además de los funcionarios públicos y particulares imputados, el fiscal anticorrupción Claudio Rebeco adelantó en esa ocasión que existen otras nueve personas que aún no son formalizadas, las que serían parte de una etapa "de pilotaje" de las operaciones fraudulentas.

COMPRAS Y PAGOS MILLONARIOS

Durante la audiencia se reveló que uno de los testaferros compró cryptomonedas; que Carrasco y Yáñez compraron al menos cuatro propiedades por 90 mil dólares en el Estado de Florida, en Estados Unidos.

"Ocultaron o disimularon su origen ilícito, o los bienes en sí mismo, provenientes de dichos delitos, logrando introducirlos al Sistema Económico Financiero, vulnerando los controles del sistema preventivo en materia de lavado de dinero", informó El fiscal anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Claudio Rebeco.

El persecutor detalló que fueron "recurrentes las siguientes tipologías o modalidades de lavado de dinero: Realización de giros por parte de los testaferros, ya sea íntegra o fraccionada de los dineros ilícitamente recibidos de las cuentas institucionales de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo; adquisición de bienes y realización de inversiones a título personal; traspaso entre cuentas corrientes de distintos bancos, pertenecientes al mismo titular; pagos de créditos o tarjetas de créditos con dineros de fuentes ilícitas; realización de viajes; pago de construcciones, y en general, la realización de una cantidad de gastos que, sus ingresos lícitos, no podían solventar".

Según el fiscal, este lavado de activos fue una acción dolosa de parte de los imputados que fueron formalizados por este delito en calidad de autores.

De esta manera, Yáñez se mantendrá en prisión preventiva en la cárcel de CasaBlanca, mientras que Belén Carrasco está bajo arresto domiciliario total, puesto que en enero fue excarcelada tras dar a luz al hijo que tuvo con el exalcalde.

Por otro lado, en abril se dictó la medida cautelar de arresto domiciliario en contra del hermano de la extesorera, Sixto Carrasco ya que, a juicio del Ministerio Público, fungió como reclutador de los particulares y se concertó con los principales imputados para ejecutar las operaciones.

Los cinco acusados restantes permanecen bajo arresto domiciliario nocturno.

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