Según la Corma, el paro ha derivado en un sobrecosto de entre 75 y 120 millones de dólares de la actividad forestal.
En tanto, la empresa Camanchaca denunció pérdidas por 800.000 dólares.
Cincuenta días cumplió el paro en el puerto de Coronel, Región del Biobío; conflicto que tiene un origen muy distinto según cada una de las partes -trabajadores y empresa- y con consecuencias económicas catalogadas por sectores productivos como "catastróficas".
Por ejemplo, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) dio cuenta que el bloqueo ha derivado en un sobrecosto de entre 75 y 120 millones de dólares de la actividad forestal, que exporta en el puerto.
"Estamos hablando de un paro ilegal que impide el normal funcionamiento del puerto, que es un eslabón fundamental de toda la cadena productiva de la Región del Biobío", advirtió Juan José Ugarte, presidente del gremio.
Ha habido "obstrucción de caminos, imposibilidad de acceder al puerto, quemas en la línea férrea, estamos hablando de afectación de infraestructura crítica, por lo tanto, necesitamos una intervención decidida del Ejecutivo", afirmó.
Desde el sector pesquero, en tanto, la empresa Camanchaca denunció que tiene atrapadas al interior del puerto 110 toneladas de productos congelados y que las pérdidas superan los 800.000 dólares.
Mario Aguilera, gerente de logística, puntualizó que "el puerto de Coronel es el mayor puerto de movimiento de contenedores de la Región del Biobío y, por lo tanto, los otros dos terminales portuarios no dan abasto para suplir la demanda que se mueve desde el puerto de Coronel hacia los otros dos puertos. Por lo tanto, esto es un desastre económico de marca mayor que requiere que sea resuelto a la brevedad posible".
De acuerdo a la empresa, propiedad de los grupos Angelini (50%), Von Appen (25%) y Belfi (25%), la movilización de los trabajadores eventuales se inició por el rechazo de los operarios a que se ejecutara la política de alcohol y drogas, vigente desde 2017, pero que en la práctica era letra muerta.
Así, se debían someter a test aleatorios y sanciones en caso de resultados positivos; todo tras un accidente que Coronel asegura involucró a una persona que consumió cocaína.
Además, la firma asegura que no hay demandas laborales en disputa porque el contrato colectivo vigente termina en mayo de 2025 y éste se cumple.
No obstante, esta versión difiere de la que tienen los trabajadores, quienes apuntan que llevan bastante tiempo "cediendo a las solicitudes" de la empresa, respecto -principalmente- a reducción de los operarios por cada turno.
"El cierre del puerto fue de manera unilateral. El gerente del puerto toma la decisión propia de cerrar según él por el tema de alcohol y drogas, pero una vez que nuestros dirigentes solucionaron el problema llegó con otro petitorio, que fue las nombradas, disminución del personal, aumento de rendimiento y polifuncionalidad", relató un supervisor al medio Resumen.
Ahora el conflicto también tendrá una arista judicial, pues el Juzgado de Garantía de Coronel fijó para el 5 de julio la audiencia de formalización contra 10 imputados -entre trabajadores y dirigentes- por las querellas interpuestas por la empresa, acusando amenazas, bloqueos, destrozos y coacciones.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, llamó a la empresa a ceder en algunos puntos para terminar el paro.
Al también existir afectación a la seguridad pública, algunos sectores en la región cuestionan por qué el Ejecutivo no ha intervenido.
La delegada presidencial, Daniela Dresdner, argumentó que "el problema no radica en la participación del Gobierno, el problema radica en justamente la voluntad de llegar a un acuerdo entre las partes, que son las partes que tienen que llegar a un acuerdo".
"Y mientras eso no cambie, la situación no va a cambiar por más que tengamos al Gobierno completo involucrado en la situación. Y en ese sentido, vuelvo a hacer el llamado, acá lo que corresponde es que ambas partes, el puerto y los trabajadores, lleguen a un acuerdo. Esto es una situación que sin duda afecta directamente a la economía de la Región del Biobío y es algo que están sintiendo distintos sectores, no solo el puerto encapsulado", sostuvo.
De todos modos, La Moneda designó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para que aborde la crisis, y mañana viernes encabezará una reunión con las partes involucradas en la Delegación Presidencial Regional del Biobío.
"Efectivamente mañana voy a viajar a Concepción, me voy a reunir tanto con la empresa como con los trabajadores con el objetivo de ver posibles caminos para destrabar este conflicto", dijo el ministro.
Muñoz aseveró que "si bien se trata de un puerto privado y el problema actual es más bien de índole laboral, como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones nos interesa poder contribuir para solucionar este conflicto en virtud de la importancia que reviste la logística para el país y para su desarrollo".
