"El conflicto es entre la empresa y los trabajadores, no está gatillado por una acción del Gobierno", dijo el Ejecutivo.
Por más de 45 días se extiende el paro en el puerto de Coronel, Región del Biobío, conflicto que tiene un origen muy distinto, según cada una de las partes: trabajadores y empresa.
Ahora, fue la Sociedad de Fomento Fabril (Sofoda) la que manifestó "su más profundo rechazo", ante una situación que "establece una grave señal de debilidad del Estado en materia de seguridad de la infraestructura crítica del país".
"Solicitamos que las autoridades nacionales y regionales actúen a la brevedad y con decisión para recuperar el orden público y restablecer el libre tránsito en el lugar", argumentó la organización.
Así, la patronal parece responder, sin mencionarlo directamente, al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien días atrás enfatizó que "el conflicto es entre la empresa y los trabajadores, no está gatillado por una acción del Gobierno".
De acuerdo a la empresa, propiedad de los grupos Angelini (50%), Von Appen (25%) y Belfi (25%), la movilización de los trabajadores eventuales se inició por el rechazo de los operarios a que se ejecutara la política de alcohol y drogas, vigente desde 2017, pero que en la práctica era letra muerta.
Así, se debían someter a test aleatorios y sanciones en caso de resultados positivos; todo tras un accidente que Coronel asegura involucró a una persona que consumió cocaína.
Además, la firma asegura que no hay demandas laborales en disputa porque el contrato colectivo vigente termina en mayo de 2025 y éste se cumple.
No obstante, esta versión difiere de la que tienen los trabajadores, quienes apuntan que llevan bastante tiempo "cediendo a las solicitudes" de la empresa, respecto -principalmente- a reducción de los operarios por cada turno.
"El cierre del puerto fue de manera unilateral. El gerente del puerto toma la decisión propia de cerrar según él por el tema de alcohol y drogas, pero una vez que nuestros dirigentes solucionaron el problema llegó con otro petitorio, que fue las nombradas, disminución del personal, aumento de rendimiento y polifuncionalidad", relató un supervisor al medio Resumen.
Ahora el conflicto también tendrá una arista judicial, pues el Juzgado de Garantía de Coronel fijó para el 5 de julio la audiencia de formalización contra 10 imputados -entre trabajadores y dirigentes- por las querellas interpuestas por la empresa, acusando amenazas, bloqueos, destrozos y coacciones.
