La funcionaria Tamara Vidal, cuyas denuncias destaparon el caso convenios dentro del Gobierno Regional del Biobío, declaró largamente este martes ante el Ministerio Público como imputada en la mediática arista "lencería" y testigo clave en el resto de causas.
Acompañada de su abogado, el defensor penal público Claudio Vigueras, ingresó a las 08:30 horas hasta las oficinas de la Fiscalía Regional para prestar su testimonio, diligencia que se extendió durante ocho horas.
Vidal, que se autodenunció en la arista "lencería" que involucra a la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, se encuentra querellada por el Gobierno Regional, que también la mantiene como objeto de un sumario.
Sobre esa causa declaró esta jornada, confirmó su defensor.
"Se trató de una diligencia decretada por la fiscal, a la que nos allanamos voluntariamente. Se desarrolló sin problemas, pudimos responder a todas las preguntas que tenía la fiscal junto a los organismos auxiliares de investigación, y salió de acuerdo con lo que teníamos planificado", comento Vigueras.
La funcionaria deberá volver a comparecer sobre los demás casos, donde es testigo, en otras tres próximas citaciones.
"No tenemos conocimiento de que esté imputada en otras causas, sí (tiene) otras condiciones", puntualizó el defensor público.
CUESTIONAN DEFENSA DE GOBERNADOR CON FONDOS PÚBLICOS
En paralelo, consejeros regionales solicitaron a la Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad de que el gobernador Rodrigo Díaz (ex-DC) pague con fondos públicos la contratación del abogado Marcelo Torres como su asesor jurídico para afrontar las causas que se le imputan por los convenios.
Aquello porque en dos dictámenes previos, en Biobío y Maule, el órgano fiscalizador estableció que sólo se permite si la autoridad hace frente a un caso de atentado contra su vida o está encausado por injurias y calumnias.
Javier Sandoval acusó que Díaz "ha ido construyendo un verdadero blindaje, un escudo humano en torno a su investidura, a partir de recursos públicos".
Su par Piero Blas reprochó también que "a lo largo de todo este tiempo, lamentablemente, nos hemos ido enterando de manera extraoficial de las cosas; para solicitar antecedentes de manera formal en el Consejo han esperado el límite de tiempo para poder responder, que son 30 días, que es prácticamente lo mismo que solicitar la información por el portal de Transparencia", por lo que "para acudir a una respuesta formal lo más pronto posible que tenemos en este momento es la Contraloría".
Fustigó asimismo que les llama la atención "que se busque continuamente contratar más abogados cuando el Gobierno Regional cuenta con un equipo jurídico de siete abogados, uno de los equipos más grandes del Gobierno Regional".
Desde el GORE argumentaron que el gobernador está imputado por hechos que no podría haber cometido si no fuera gobernador, circunstancia que justificaría el uso de recursos públicos para pagar su defensa.
