En un seminario convocado por la organización Miles Chile, se indicó que el Estado tiene que reparar las consecuencias del acceso y uso de los anticonceptivos.
También recalcaron los acuerdos ratificados por el país, por lo que le obliga a velar porque otros actores afecten los derechos de las mujeres.
Expertas en derechos reproductivos de organismos nacionales e internacionales se congregaron en un seminario organizado por la corporación Miles Chile, para abordar el rol del estado en la reproducción, a casi dos años de la falla en las pastillas anticonceptivas distribuidas en hospitales públicos.
Fue en julio del 2020 cuando usuarias de las pastillas Anulette CD reportaron la circulación de una partida defectuosa, por lo que el Instituto de Salud Pública tuvo que retirar y destruir más de 270 mil cajas de esas pastillas.
Miles reportó que en aquella oportunidad 200 mujeres quedaron embarazadas tomando los anticonceptivos de dicha marca, quienes siguen esperando una respuesta del Estado.
Soledad García, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que "el Estado chileno y las empresas involucradas" deben ponerse "a disposición de esas mujeres para reparar las consecuencias del acceso y uso de esos anticonceptivos".
Dorothy Estrada, del grupo de trabajo de Discriminación contra Mujeres y Niñas de la ONU, dijo que Chile, al ser miembro de la OEA y un Estado ratificante de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, está obligado "a adoptar medidas y políticas para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y velar porque otros actores puedan afectar esos derechos".
Andréa von Hoveling, ginecóloga miembro de Ginecólogas de Chile, enfatizó en el seminario que "la anticoncepción salva más vidas que el hecho que se legalice el aborto", y que esta "sea defectuosa y pierda protagonismo, es una malísima noticia que va a costar vidas".
Un 8% de los anticonceptivos falla, por lo que el 2021 se presentó un proyecto de ley para modificar el Código Sanitario y establecer la presunción de responsabilidad por los daños causados por un embarazo cuando exista una alerta sanitaria.
Danitza Pérez, directora ejecutiva de Abofem, se refirió al proyecto de ley explicando que la "presunción de causalidad va a significar que cuando exista un embarazo y una alerta sanitaria como lo que ocurrió acá, no va a ser la mujer la que tiene que probar el nexo causal".
Según indicó, "tiene que ser el laboratorio", quien compruebe que "el error que cometió no es causante de ese embarazo".
En la instancia, diferentes organizaciones de Derechos Humanos hicieron un llamado al Estado de Chile a considerar e incorporar las recomendaciones realizadas para cumplir con los derechos internacionales a los que el país se ha plegado.
