A ocho días de entrar en vigor el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores de riesgo, que ordena restituir cobros en exceso a los afiliados a isapres, la comisión mixta -de cinco senadore sy cinco diputados- se encuentra trabajando a contrarreloj para poder legislar la ley corta que tiene plazo para el 12 de mayo.
El senador Juan Luis Castro (PS) -integrante de la comisión- dijo en Cooperativa que la situación de la industria se ve "bien compleja" ante la deuda que alcanza los 1.589 millones de dólares (1,4 billones de pesos) y acusó que el Ejecutivo aún no presenta las indicaciones para la norma, pese al acotado tiempo para discutirlo.
Asimismo, pidió al Gobierno considerar la opción de pedir una nueva prórroga porque "el peor escenario es que se cumpla el plazo, pero salga una mala ley que no hay forma de arreglar después". Con ello, reparó en que la ley debe aplicar los fallos judiciales, mantener la sostenibilidad del sistema y haya justicia para los afiliados.
- Periodista Gonzalo Aguirre: Senador, ¿qué pasa con el plazo? ¿Se llega a la fecha establecida por la Suprema? ¿Va a ser necesaria una nueva prórroga? ¿Cuál es la evaluación que se está haciendo en este momento?
Es una evaluación bien compleja porque todo lo que en este casi último año que ha sido el trámite de esta ley, lo aprobado en el Senado fue desestimado en la Cámara de Diputados, y por lo tanto esta comisión mixta que es el último trámite de una ley que tiene que recomponer demasiadas cosas.
Estamos en la mejor disposición de que se ocurra, pero tenemos un inconveniente con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno, porque no ha ingresado formalmente las indicaciones, sino solo textos base, borrador, y eso dificulta para una compresión tan grande de tiempo. Imagínese usted que el lunes hay que seguir sesionando y despachar para que el martes lo vea la sala eventualmente.
Es muy complejo, entonces yo pido en esto que no haya improvisación del Gobierno, que se juegue todas las cartas frente a una crisis que es enorme, donde hay que cumplir un fallo judicial en favor de la gente y al mismo tiempo buscar sostenibilidad del sistema.
En ese plano, aquí hay dos temas que son esenciales: uno es el cálculo de la deuda, que ya sabemos ayer por los datos que entregó el Superintendente que alcanza a 1,5 billones de pesos, algo así como 1.600 millones de dólares. Y eso habla de una situación muy elevada respecto a lo que antes al inicio se había estimado que era un billón de pesos, y por lo tanto ya por eso el superintendente anuncia que dos isapres podrían caer en incumplimiento de los indicadores el próximo mes de junio.
Todo el mundo entenderá que esto es una señal adversa, no es un cuento del lobo, sino que es una realidad, que pueden haber colapsos eventualmente de algunas aseguradoras, y eso implica entonces no pagar un cheque, un subsidio del Estado, ni mucho menos, sino que colocar reglas claras que permitan que en el sistema de salud chileno público y privado haya una coexistencia con reglas de seguridad social, que es lo que realmente a la gente le importa.
Y a la vez se le devuelvan los dineros cobrados de más a gente que en el año 2020, que se estima 700.000 cotizantes, se les cobró de más por muchas tablas de factores que había en esa época, que ahora es una sola, y que es justamente lo que el 12 de mayo empieza a regir, ese fallo, para que se inicie un proceso de devolución de manera ordenada, donde cada persona sepa más o menos cuánto le van a devolver, que se estima que sería más o menos en promedio de un millón y medio por persona, que lo pueda hacer por excedente, y eso implica o prestaciones, o planes nuevos, o dinero, y eso es claramente una señal de cumplimiento de la justicia.
Este es un proceso de 10 años de judicialización, mucha industria de abogados de por medio, y sentencias finales que hay que cumplir.
Y ahora, en este tramo final, lo que yo espero es que haya capacidad de acuerdo, y para que haya acuerdo tiene que haber contenido sobre el acuerdo, y para que haya contenido tienen que estar las indicaciones, y para que estén las indicaciones tiene que estar el Gobierno sobre eso rápidamente, y eso yo creo que es una lucha contra el tiempo desde el Gobierno, más que desde nosotros en el legislativo, porque casi todo, el 90% de lo que hay que discutir, sólo es de patrocinio exclusivo del Poder Ejecutivo, y no de iniciativa parlamentaria. En ese sentido, la urgencia corre más desde el Gobierno que desde el parlamento, porque nosotros vamos a cumplir, pero la materia sobre la que debe ir es la que tiene que estar sobre la mesa.
- Nosotros vamos a cumplir, es lo que dice usted, senador, pero eso está supeditado a la presentación de las indicaciones. Si eso ocurre pronto, en los próximos días, entonces, ¿se podría cumplir con el plazo del Poder Judicial, o eso de todas maneras hay que dejarlo abierto, a que se pueda al menos explorar la idea de ampliar?
Nosotros le hemos planteado al Gobierno que explore eso, porque el peor escenario que puede ocurrir es que se cumpla con el plazo, pero salga una mala ley. ¿Cómo se arregla eso después? No hay forma. Y por lo tanto, si son algunos días más, o no, si es dentro de este mes, o lo que estime el Gobierno, pero para que salga una ley que aplique fallos judiciales, que mantenga la sostenibilidad de todo un sistema que ha funcionado más de 40 años, que haya justicia para los afiliados.
Si eso lo logramos conjugar, yo me pregunto, ¿tiene que ser en ocho días más, cuando vence el plazo, o puede ser dentro de algunos días por sobre ese plazo? No más que eso, por supuesto, nadie va a dilatar nada, aquí el ánimo es resolver, pero resolver para que las leyes salgan correctamente bien hechas, no como otras tantas leyes que han salido a la carrera, han salido sin prever los detalles, después se notan las falencias que trae o no resuelve finalmente los problemas.
Yo estoy muy lejos de eso. A mí me interesa, porque he estado desde el principio en este asunto, que esta ley sea prolija, se ponga en el caso de la gente, vea cuáles son las desigualdades que han ocurrido, corrija un sistema que ha estado basado en la selección de sexo, edad, enfermedad, como factores de riesgo. Ha discriminado mucho. Hoy día requiere una corrección profunda, y todo eso tiene que tener un itinerario, y ese itinerario tiene que ser conocido por la gente, y todo eso requiere entonces voluntad política, ¿de quiénes? Del Gobierno en primer lugar, y luego en el parlamento de la oposición y del oficialismo.
Nosotros en el oficialismo estamos dispuestos a eso, porque entendemos que esta no es una crisis aislada de un sistema que se la tiene que arreglar solo. Aquí, fíjese, ayer se revelaron cifras superiores a los 300.000 millones de pesos en deuda desde las isapres y las clínicas.
Las clínicas no son solo las del barrio alto, son clínicas de todo Chile que atienden a la clase media, que se financian casi en el 60% por Fonasa, y que por lo tanto van a impactar a 5 millones de chilenos que están en Fonasa y que se atienden simultáneamente en clínicas privadas. O sea, esto tiene un efecto en cadena que es enorme dentro del sistema de salud chileno, y por eso lo delicado de que el acuerdo como quiere finalmente la ley sea un acuerdo que le sirva a la gente y sobre todo al sistema de salud.
- Mencionaba usted también, senador, el tema del cálculo de la deuda, casi 1.600 millones de dólares, hay también otra lectura que incluye la cotización obligatoria del 7% y ahí la deuda desciende a 1.1 billones de pesos al 31 de diciembre. Estas distintas posibilidades de cálculo de la deuda, ¿cómo se reciben? ¿Esperan también que eso se zanje definitivamente o cómo se interpretan esas cifras?
Claro, son todos aspectos que tiene que reponer el Gobierno para que podamos discutirlos. Ese es el primer paso. A mí me parece razonable que se coloque un umbral del 7% y por lo demás la cotización legal en Chile. A mí me parece, por ejemplo, razonable que la devolución tenga tramos de edad. No puede ser que una persona sobre 65 años tenga 10 años para que le devuelvan porque se puede haber muerto. Viene con algunas enmiendas, sí, pero esto hay que afinarlo muy bien. Y obviamente la gente tiene que saber cuál es el monto de lo que le adeudan a ellos. Hoy día nadie sabe nada de eso.
Lo mismo respecto al retiro de utilidades. Nosotros habíamos aprobado originalmente en el Senado que no hubiera retiro de utilidades, después se levantó eso en la Cámara. ¿Cómo va a estar una isapre con números rojos haciendo que los dueños retiren igualmente utilidades? Eso es absurdo. O todo lo que implica, si quiebra una isapre, ¿qué se hace con la gente que tiene cáncer, que tiene enfermedad catastrófica, que tiene medicamentos de alto costo que consumir? Y que porque quiebra su isapre, ¿cómo se hace cargo Fonasa de todas esas prestaciones? Estamos hablando de gente que está en un altísimo estado de necesidad.
Los migrantes que se han ido de isapre a Fonasa, más de 300.000 el año pasado, es gente joven, es gente menor de 35 según los datos, que significa que no usaba el isapre porque no requería pagar un precio alto, se aburrió con justa razón y migró.
Pero hay un conjunto de más de 800.000 personas que son enfermos de alto riesgo dentro de las isapres y que están cautivos, porque nadie los recibe, porque irse a Fonasa sería su última opción, y por lo tanto todo esto hay que conjugarlo para que haya de verdad equidad y justicia social en un mundo donde también hay derechos. No solo en el sistema público existen derechos, en el sistema privado son los mismos derechos y la gente tiene que estar al medio.
El principal protagonista es la persona que paga un plan religiosamente todos sus meses, mucha gente de clase media, mucha gente que gana un millón, un millón y medio de pesos y que está en una isapre, y que obviamente exige sus derechos y la justicia los otorgó, pero llega la hora de cumplir. Y si esta ley en eso tiene que servir, tiene que ser muy concreta, práctica y con la voluntad del Gobierno de querer resolver el problema.
Por eso yo invoco un esfuerzo adicional del Gobierno en esta última hora de poder ya resolver en los próximos ocho días esta ley con todas las cartas sobre la mesa, con lo que quiere el Gobierno realmente hacer y con definiciones que vayan en la seguridad social para integrar el sistema privado en una lógica más amplia, por ejemplo como la que tuvimos en pandemia, donde todo el sistema público y privado funcionaron como uno solo. Eso es lo ideal para Chile, no tener esta segregación.
- Sí, el domingo 12 de mayo es el plazo establecido por la Corte Suprema. Ya hubo una suspensión de la semana distrital y regional, pero se ha avanzado esto por parte del comisión mixta. Va a sesionar el día lunes, hay poco tiempo. ¿Podría ocurrir que se produzcan sesiones extraordinarias, hasta tarde, quizás durante la noche? ¿Es un escenario posible? Se ha visto en otros casos.
Todo es posible y estamos dispuesto. No hay ningún problema. Si el asunto es que -para que la gente nos comprenda- somos cinco parlamentarios de oficialismo y cinco de oposición, si una norma se empata, supongamos que el tema de plan de devolución o el reajuste, se empatan a cinco (votos), dos veces, esa norma se cae. O sea, no hay legislación sobre ese criterio. Y eso significa una desnaturalización de la ley. Es como dejar un chasis sin motor. No sé si me explico.Una situación que puede ser muy compleja y por eso el sentido de llegar a acuerdo es lo que nos inspira.
No podemos atrincherarnos cada uno en su lado y finalmente la gente queda abandonada, pero para eso el gran articulador de ese acuerdo es el Gobierno. ¿Por qué? Porque todas las materias que se tienen que discutir solo pueden ser propiciadas por el Gobierno. Esa es la diferencia a cuando hay moción parlamentaria, iniciativa propia, exclusiva de los parlamentarios. No es el caso. Aquí estamos hablando solo de seguridad social y el que la lleva es el Gobierno y por lo tanto ahí hay una responsabilidad mayor para generar el ambiente y llegar a acuerdo y así salga la ley como corresponde.
