La Asociación de Isapres suspendió este viernes su participación en la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, en el marco de la polémica por el dictamen de la Corte Suprema que ordena a las aseguradoras aplicar la nueva tabla de factores a sus afiliados y a restituir los cobros en exceso.
A través de una declaración pública, el gremio señaló que "a casi dos meses del fallo de la Corte Suprema, y tras una nueva reunión de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Salud, constatamos con alerta y preocupación que el gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis de las Isapres, por lo que hemos decidido congelar nuestra participación en dicha instancia".
"Restan 120 días, conforme al plazo que entregó la Corte Suprema, para definir un mecanismo que evite el colapso de las Isapres, afectando a la red de salud completa. Pero la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas al Fonasa", cuestionó la agrupación.
Según las aseguradoras, dicha iniciativa "no evitaría la quiebra de las Isapres, sino que traspasa a los afiliados al Fonasa, una vez que se haya desencadenado la caída del sector".
"Tampoco previene el término de las coberturas de más de 3 millones de afiliados, sino que reacciona tardíamente. Por ello, se debe aclarar si la intención del gobierno es dejar caer el sistema privado de salud, lo cual creemos que es un profundo error del que no queremos ser parte, pues pone en riesgo la vida de personas y genera un daño inestimable a la red de prestadores de salud", añadió la asociación.
Ayer en la tarde, además, el Minsal y la Asociación de Isapres se reunieron nuevamente en la mesa de trabajo sobre la crisis de estas entidades privadas.
La Asociación Clínicas de Chile declaró en un comunicado su "preocupación" respecto al término de esta instancia de diálogo, lo que "nos inquieta especialmente por los efectos que esto puede generar en la atención de millones de pacientes".
El escrito firmado por el vicepresidente del gremio, Javier Fuenzalida, sostiene que "es urgente generar mecanismos que den certeza y sostenibilidad al funcionamiento del sistema de salud" privado, por lo que se espera que "todos los actores y la autoridad puedan encontrar soluciones y decretar medidas", con la salud de las personas como el centro de la preocupación.
RECURSO DE ACLARACIÓN
La Corte Suprema acogió ayer, parcialmente, un recurso de aclaración presentado por la Superintendencia de Salud y aclaró dos de las tres dudas planteadas por el regulador respecto al llamado "supremazo" contra las aseguradoras privadas, siendo una de ellas a necesidad de aclarar la posibilidad de modificar, ajustar o recalcular los precios base de los planes de salud.
Al respecto, Asociación de Isapres señaló en su comunicado que "la Corte Suprema ratificó ayer que la Superintendencia de Salud debe cumplir el fallo, sin desbaratar el sistema privado de salud ni ponerlo en jaque, identificando el mecanismo más eficiente. Pero las acciones del gobierno no solo han sido extemporáneas, también han dilatado la respuesta que se requiere para mantener las operaciones y responder a la incertidumbre que hoy afecta a los afiliados, prestadores, proveedores y trabajadores del área".
"Vemos con preocupación que los plazos corren y que cada día nos aproximamos a una debacle, cuyos alcances han sido alertados por médicos, prestadores, parlamentarios, expertos y organizaciones de pacientes. Sin embargo, el diagnóstico, la gravedad y sus consecuencias parecen ser aún ajenas para las autoridades", apuntó la agrupación.
"La delicada situación que atraviesa el sistema Isapres", advirtió, "es consecuencia de un vacío legislativo y de una judicialización desmedida, amparada en la demora de una reforma integral al sistema de salud. Las Isapres cumplen con la norma vigente y las acuciosas fiscalizaciones (200 anuales, por institución), además de las instrucciones y solicitudes de información emanadas a través de circulares definidas por la autoridad regulatoria, en todos los aspectos de la operación".
Y concluyó: "Creemos que la envergadura de este problema amerita la concurrencia de todos los poderes del Estado. Estamos disponibles y atentos para colaborar con las distintas autoridades de gobierno y legisladores, tan pronto exista una propuesta seria y viable que garantice la continuidad de las coberturas de salud de los afiliados y evite el deterioro de la red privada de salud".
Luego de la aclaración del máximo tribunal y sumado al fallo de noviembre pasado, ahora la Superintendencia de Salud tiene plazo hasta mayo para dar a conocer el mecanismo con el que las isapres tendrán que ajustar sus planes y así regirse por solo una tabla de factores, la vigente desde el 2020.
Además de aquello, estas deben contar con un plan base por cada contrato y no por beneficiario, cuyo reajuste queda descartado tras el pronunciamiento de la Suprema.
También, se elimina el cobro por tabla de factores para menores de dos años desde la ejecución del fallo y se devuelven los cobros en exceso en los planes de salud, calculándose desde el 1 de abril del 2020 hasta que se comunique la modificación del plan a los usuarios y se realicen los cálculos correspondientes.
El pronunciamiento de la Corte Suprema se da en medio de la crisis financiera del sistema privado, que hasta septiembre del año pasado tuvo pérdidas por 127.000 millones de pesos, impidiendo pagos con las clínicas por ejemplo.
