"Aquí nadie le va a pasar una aplanadora a nadie, pero también es cierto de que hay un fallo judicial", dijo el socialista en Cooperativa.
"El monto son 1.400 millones de dólares en un acumulativo de tres años y, además, tiene que haber una rebaja de los planes... Si eso a alguien no le gusta, tiene que decírselo a la Justicia", señaló.
El senador oficialista Juan Luis Castro, militante del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, aseguró este jueves que el proyecto de ley que el Gobierno ingresó esta semana al Congreso para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que ordenó a las isapres regirse por la tabla de factores de 2019 y restituir los cobros en exceso desde entonces no pretende "perseguirlas".
"Yo pido mejor ánimo, pido evitar la descalificación a priori. Aquí nadie anda persiguiendo a las isapres, ni el Gobierno ni el Congreso. Nadie quiere hacer colapsar (el sistema privado); se trata de cumplir lo que la Justicia nos ordena a todos y, al mismo tiempo, sostener la viabilidad del sistema, que tiene que tener reglas nuevas a futuro", dijo el médico de profesión entrevistado por Lo Que Queda del Día de Cooperativa.
Castro criticó el tono de la Asociación de Isapres, que calificó la propuesta del Ejecutivo como "un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos".
"Me llama la atención que (la declaración del gremio de las aseguradoras privadas de salud) esté tan cargada de adjetivos, de acusaciones de mala intención, de cierta odiosidad, de que se quiere utilizar o disfrazar (la iniciativa de una reforma a la salud); palabras que creo que son un poco desmesuradas para el inicio de un proceso legislativo que tiene que aunar y buscar acuerdos", sostuvo el parlamentario por la Región de O'Higgins y expresidente del Colegio Médico.
"Aquí nadie le va a pasar una aplanadora a nadie, pero también es cierto de que hay un fallo judicial y me encantaría que, si alguien tiene una discrepancia con el fallo, diga que tiene una discrepancia y que no acepta el fallo. Lo que hace este proyecto es hacer viable que ese fallo se cumpla", indicó.
Ingresado el martes con urgencia simple a través del Senado y quedando 21 días para el cumplimiento del fallo, el proyecto pretende establecer un mecanismo para la fijación en los precios de los planes de salud, dándole facultades para su elaboración a la Superintendencia del ramo.
Originalmente, la iniciativa da seis meses a las Isapres para informar el número de contratos afectos a devolución por los cobros en exceso, el monto total de la deuda y el método de pago. De igual forma, se creará un comité de expertos para revisar la propuesta.
La última jornada el superintendente de Salud, Víctor Torres, reveló en la Comisión de Salud del Senado que las compañías deberán devolver 1.400 millones de dólares a los afiliados, es decir, 1,5 millones de pesos en promedio por contrato.
Al respecto, Castro señaló a Cooperativa que "hay 725.000 personas que tenían contrato a abril de 2020 a las cuales, desgraciadamente, se les aplicó mal una tabla de factores, pagaron en exceso y la Justicia ha dicho: 'No, hay que devolverles (lo sobrecobrado) a las personas'. El monto son 1.400 millones de dólares en un acumulativo de tres años. Y, además, tiene que haber una rebaja de los planes para ellos... Si eso a alguien no le gusta, tiene que decírselo a la Justicia... Aquí no hay un capricho; hay una estimación objetiva de cuánto ha costado".
En tal sentido, el senador enfatizó que este "es un proceso legislativo que queremos construir en acuerdo para que el sistema siga siendo viable, no para que colapse; para que entendamos de que aquí no hay subsidios de dinero del Estado a las isapres, porque no corresponde, pero sí comprendemos que se han hecho cobros excesivos que, además, no vienen de ahora. Recordemos que el 95% de las causas judiciales que llegan a la Suprema son de isapres, una cosa realmente escandalosa, y el fallo de Suprema es universal y trata de poner punto final a esa polémica".
Según los expertos, hasta el 18% de la población es parte de una Isapre -cerca de 3 millones de personas-, donde cotizan con un promedio del 11% de su sueldo (el 7% es obligatorio y el resto adicional) y lo que les deja fuera de la cobertura del sistema.
Después de la pandemia y tras un proceso judicial de 10 años, las Isapres buscan la forma de sobrevivir y sortear la bola de deudas contraídas con sus clientes, tras declararse al borde de la quiebra.
