El senador Francisco Chahuán (RN) cuestionó el trabajo del Gobierno en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país, acusando una presunta "falta de calle" por parte de las autoridades para afrontar de mejor manera esta problemática.
"Acá vemos un doble estándar permanente. Primero, la ministra Vallejo que habla de que el fenómeno del aumento de las tasas delictuales se debe fundamentalmente a fenómenos de carácter electoral. Y el Presidente (Gabriel Boric) que dice algo distinto", fustigó el parlamentario.
En opinión del otrora timonel RN, "le falta calle al Gobierno, porque la sensación térmica es que los índices de victimización están en los rangos históricos. Todos tienen miedo a ser víctimas de un delito y por eso llamo al Presidente a tomar este tema en serio".
La crítica opositora se mantiene pese a los anuncios en materia de seguridad y migración del Ejecutivo, entre ellos el realizado esta mañana por el propio Presidente Boric sobre "expulsiones en cinco días" de extranjeros involucrados en delitos.
"Quiero decirles en esto que como Gobierno, en conjunto con las policías, vamos a ser inflexibles. Quienes tengan orden de detención pendiente, quedan detenidos; los extranjeros que tengan orden de expulsión serán retenidos y expulsados en los siguientes cinco días", declaró hoy el Mandatario.
A esto sumó que "respecto a los extranjeros que estén en situación irregular y no hayan concurrido al empadronamiento voluntario, aun cuando no cuenten con una orden de detención en su contra, se les dictará el decreto de expulsión por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve".
"Como pueden ver, estamos trabajando decididos y enfocados en ganarle la batalla a la delincuencia", cerró el jefe de Estado en un punto de prensa.
"ES OBVIO QUE EL GOBIERNO TIENE QUE ENDURECER EL TONO"
En el Socialismo Democrático, una de las dos coaliciones de Gobierno, respaldaron el mensaje del Mandatario, asegurando que "es natural y obvio que el Gobierno tiene que endurecer el tono frente a realidades más duras también", a juicio del senador socialista Juan Luis Castro.
"Más allá del plebiscito, esta es una realidad (aumento de la delincuencia) que el Gobierno tiene que enfrentar con más fuerza", puntualizó el parlamentario.
En esta línea, su par Jaime Quintana, timonel del PPD, dio cuenta de que "estas declaraciones del Presidente van en la misma dirección de un mensaje autocrítico que formuló hace algunos días, por lo tanto la oposición hoy no tiene ninguna excusa para seguir postergando un diálogo y la búsqueda de acuerdo en materia de seguridad".
En opinión del senador, esto "naturalmente va a significar endurecer las medidas para la expulsión cuando esta sea irregular".
En el oficialismo, no obstante, hay matices. En el Partido Comunista, su bancada de diputados ha evitado ahondar en el tono de Boric pues consideran que se trata de un debate aún abierto, sobre todo en el Congreso, donde la derecha impulsa una ley para tipificar como delito el ingreso clandestino al país, idea que la tienda de izquierda a priori ya rechaza.
"Siempre hay que propender a la regularización. Más que decir que vamos a perseguir a los que no están de manera regular, es llamarlos a que se regularicen. Eso siempre los beneficio a ellos y al país donde están viviendo, porque eso va a mejorar su calidad de vida, van a poder buscar trabajo y acceder a otras cosas que no pueden de manera irregular", sostuvo el diputado Boric Barrera.
Según su postura, "el llamado a es que se regularicen, y los que no se quieren regularizar, es por algo, algo ocultan o son delincuentes, y a esas personas obviamente hay que perseguirlas".
En tanto, la presentación de la política nacional de migraciones registra un atraso de tres meses. El Presidente Boric había anunciado en la Cuenta Pública del 1 de junio que aquello iba a ocurrir ese mismo mes: fue ingresada en la Contraloría General de la República el día 19, pero retirada el 31 de agosto.
El subsecretario Monsalve apuntó que, al tratarse de una herramienta que debe ser pensada a largo plazo, buscan perfeccionarla antes de enviarla al Congreso, lo que debería suceder dentro de las próximas horas o días.
Además, adelantó que de hoy al lunes deberían ser ingresadas indicaciones para reducir los tiempos permitidos para apelar una expulsión administrativa.
