Hasta dos unidades tributarias mensuales (UTM) de multas tendrán que pagar los vecinos de La Legua que fueron detenidos el jueves al intentar destruir los muros que los separan del sector de la Legua Emergencia.
A raíz de las balaceras entre bandas rivales de narcotraficantes, el Gobierno definió un plan especial de seguridad y ordenó la apertura de los pasajes cerrados. Sin embargo, residentes de un conjunto de departamentos de la Villa Jardines de San Joaquín II reaccionaron molestos.
Los vecinos comenzaron a lanzar objetos contundentes a los obreros que llegaron al sector para realizar la labor de desarme, quienes se habían congregado en primer momento en la 50ª Comisaría de Carabineros, para luego llegar al sector en buses especiales. Los uniformados detuvieron al menos a siete personas.
Al respecto, la abogada especialista en derechos humanos, Julia Urquieta, que asesora a los vecinos, dice que ellos "fueron duramente reprimidos por el único derecho de querer oponerse nomás a la posibilidad de que pudieran derribar el muro, porque estaban protegiendo la vida de sus niños".
"Es bueno saber que esas casas que cubren, y que son las 21 viviendas que están frente al muro, en su segundo piso son de vulcanita y las balas son de tal calibre que traspasan la vulcanita", agregó la candidata a diputada (PC) por el distrito 10, por lo que en el recurso de reposición que interpusieron ante la Corte de Apelaciones de San Miguel agregaron fotografías de los orificios de balas que tienen las viviendas.
Este lunes debería estar la respuesta al recurso -luego que la Corte rechazara el de no innovar que presentaron el pasado lunes y con la que buscaban frenar la concreción de esas obras-, todo mientras está en curso uno de protección para los habitantes de la población con la que buscan encontrar respuestas a la violencia que se vive hace años.