Una intensa jornada de debate se vivió este lunes en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados durante el análisis del proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Condenadas por Actos Vandálicos e Incivilidades.
La iniciativa legal apunta a restringir el acceso a beneficios financiados con recursos públicos —tales como la gratuidad universitaria, subsidios o la Pensión Garantizada Universal (PGU)— a quienes cuenten con una sentencia judicial firme por estos hechos.
Durante la instancia, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, y el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendieron la proporcionalidad de la medida, enfatizando que no se trata de un castigo arbitrario sino de una sanción complementaria y posterior a un dictamen de los tribunales.
Las autoridades de Gobierno salieron al paso de los cuestionamientos respecto al alcance de las restricciones.
"Quien destruye lo que es de todos no puede, simultáneamente, ser beneficiario de esos mismos recursos públicos que el resto paga. Es un principio de coherencia; no de venganza. Es administración responsable del Estado; no punición desmedida", afirmó Arrau.
Aclaró que "las medidas más gravosas, suspensión de gratuidad y PGU, aplican exclusivamente a 14 delitos de máxima gravedad. Nadie pierde su gratuidad por evasión del transporte ni por un rayado, como se ha dicho".
"Si surgen propuestas, quiero transmitir que estamos disponibles para poder mejorar las disposiciones originales de este proyecto", complementó Alvarado.
Oposición acusa sesgo e ir contra fallos del TC
Pese a los esfuerzos del Gobierno por despejar las dudas de las bancadas, las explicaciones no lograron convencer a los legisladores de oposición, quienes criticaron de forma transversal la falta de respuestas concretas y de un diseño con base científica.
"Vienen los ministros y no dan ninguna respuesta a las consultas que hicimos los diputados y las diputadas presentes en la sesión. Llama muchísimo la atención que un anuncio que ha hecho el Ejecutivo con tanto ahínco no tenga un respaldo técnico como corresponde", fustigó el diputado Jaime Araya (independiente-PPD).
En una línea aún más dura, la diputada Tatiana Urrutia (Frente Amplio) advirtió que la iniciativa contradice los criterios establecidos recientemente por la justicia constitucional respecto a la protección de los derechos sociales.
"Al parecer al Gobierno no le gusta legislar con evidencia, porque, a pesar de que el Tribunal Constitucional acaba de dar un fallo que indica que no se pueden tocar los derechos sociales, en particular la gratuidad, este proyecto insiste. Este proyecto es profundamente ideológico y no busca aliviar la situación de inseguridad que viven las familias chilenas, sino que más bien buscan avanzar con una postura política", sentenció la parlamentaria.
