En el marco de las iniciativas de seguridad cuyo trámite se decidió acelerar en el Congreso tras el crimen de tres carabineros en Cañete, el Senado aprobó este jueves el proyecto de ley para instaurar una nueva ley antiterrorista, que ahora deberá ser debatida por la Cámara de Diputadas y Diputados.
Tras el trámite, la ministra del Interior, Carolina Tohá, recordó que con la legislación vigente "se había hecho prácticamente imposible probar la forma en que estaba tipificado el delito terrorista".
"Eso hoy empezó a cambiar no solo porque se despachó en primer trámite sino porque se despachó con un amplio acuerdo de oficialismo y oposición, de todo el espectro político", añadió la jefa de gabinete.
"Es una propuesta de ley democrática, moderna, que incorpora las mejores prácticas a nivel internacional y que se hace cargo de la realidad chilena, de la experiencia que hemos tenido en Chile, de los desafíos que hemos enfrentado en esta materia", sentenció Tohá.
El vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), valoró que la Cámara Alta, "entendiendo el sentido de urgencia que tiene para la ciudadanía, que está conmocionada por el cobarde y brutal atentado que costó la vida a tres carabineros, pueda despachar la reforma de la ley antiterrorista por una amplia mayoría".
"Estamos sacando una legislación moderna, clara, objetiva, donde va a ser mucho más fácil para el Ministerio Público investigar, porque va a contar con técnicas modernas de investigación y va a ser mucho más fácil sancionar y obtener condenas ejemplares", destacó.
La normativa actual data de 1984 y ha sido transversalmente cuestionada por su ineficaz definición de la conducta terrorista.
De hecho, por el crimen de los uniformados, el Gobierno decidió querellarse por el delito de homicidio en contra de carabinero y no invocar la mentada ley, argumentando que ésta "no permitiría ser lo suficientemente eficaces en la investigación y tampoco permitiría poder aplicar las penas más altas".
Aún en su primer trámite constitucional, la propuesta consiste en la fusión de cinco iniciativas -incluida la ingresada en agosto del año pasado por el Gobierno-, que deroga la ley vigente y establece una nueva legislación dentro del Código Penal.