Se prevé un escenario adverso para la indicación de la derecha que busca reponer la justicia militar.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra discutiendo este viernes por la tarde los proyectos sobre las mentadas reglas de uso de la fuerza (RUF) y el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, dos de los asuntos que priorizó esta semana tras el crimen de tres carabineros en una emboscada en Cañete que conmocionó al país.
La ley sobre las RUF llega el hemiciclo precedida por la controversial indicación incorporada por las comisiones unidas Constitución y de Seguridad Ciudadana que establece que los uniformados que sean imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones serán juzgados por tribunales militares, en cuatro hipótesis: en estado de excepción constitucional y en el resguardo de la infraestructura crítica, de zonas fronterizas o de procesos electorales.
La disposición propuesta por la derecha fue visada en la instancia conjunta, pero sin consenso: 14 votos a favor y 12 en contra, con los diputados Andrés Jouannet (Amarillos) y Miguel Ángel Calisto (Demócratas) inclinando la balanza hacia la oposición.
En Sala, la indicación requiere quórum calificado, es decir, 78 votos.
A priori, el escenario para la derecha en este respecto es adversa, puesto que, aparte de la división que hubo en las comisiones, en la sesión de hoy en el hemiciclo no contará con los votos de las diputadas Chiara Barchesi (Republicanos) y Paula Labra (independiente-RN), ambas por estar fuera del país; de Mauro González (RN), que pidió permiso para ausentarse por motivos particulares; de Karen Medina (PDG), que en general ha votado con la derecha, pero avisó de un impedimento grave; y José Miguel Castro (RN) y Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano), que están pareados.
Además, el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad al advertir que esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Jouannet defendió su voto asegurando que "cuando empiecen a matar a concejales, alcaldes, como ocurre permanentemente en México, vamos a llegar a los militares; pero ya va a ser tarde porque (los criminales) van a estar hace mucho tiempo en las poblaciones, (y) el narcotráfico está hoy día".
"Cuando le pidamos a los militares que vayan a las poblaciones no van a ir, porque no van a tener ninguna garantía. Esto es lo que estamos haciendo hoy día y lo estamos haciendo en democracia, no en dictadura", agregó.
"A mí los tribunales militares me generan contradicción respecto de la igualdad ante la ley, cuál va a ser el rol de los civiles", dijo a su turno Calisto, "pero -apuntó- creo que es importante dar esta discusión política".
"No sé si es la propuesta más idónea. No sé si va a flotar. O sea, lo más probable es que esto va a ser una discusión política, pero va a rebotar en el Tribunal Constitucional o en alguna parte. Pero vamos a volver a tener este debate", continuó.
"¿Queremos que las FF.AA. y los Carabineros apoyen y enfrenten al crimen organizado, al narcotráfico y al terrorismo con las competencias que se merecen? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en este Congreso Nacional. No tenemos que estar preocupados por los tribunales internacionales de derechos humanos", espetó Calisto.
Diputado Miguel Ángel Calisto (Démocratas), sobre el proyecto de reglas para el uso de la fuerza:
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 3, 2024
"No tenemos que estar preocupados de tribunales internacionales de derechos humanos".@Cooperativa
El diputado Luis Sánchez (Republicanos) aseguró que "el avance más importante" del proyecto de RUF "es traspasar a justicia militar el conocimiento de causas en que sean acusados nuestros Carabineros y militares, ellos se merecen un juez que los juzgue sobre la base de los hechos y no de su ideología y muchos criterios absolutamente interpretables que habrían dejado A nuestros militares y policías absolutamente expuestos a la discrecionalidad de fiscales como Ximena Chong y de jueces como Daniel Urrutia".
Tras esta intervención, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), llamó la atención al legislador y declaró que "es muy importante resguardar la autonomía de los poderes del Estado".
Mientras, el diputado Leonardo Soto (PS) reprochó que los parlamentarios de oposición "le crean (a las FF.AA. y de Orden) un estatuto especial, un privilegio, para que se juzguen entre ellos, porque los tribunales militares no son tribunales imparciales: tanto fiscales como jueces son compañeros de armas de los mismos inculpados. No asegura el debido proceso; es un proceso que es secreto, no público. Es un retroceso directo a la justicia que nos recuerda los momentos más oscuros de la dictadura en nuestro país, donde los juzgados militares nunca condenaron ningún abuso contra inocentes".
Uno de los momentos más tensos de la sesión explotó cuando el diputado Sergio Bobadilla (UDI) dijo en su alocución: "(A) los que hoy día están en el Gobierno los convoco a que pidan perdón por haber vestido la miserable polera del perro Matapacos. Pidan perdón a todas aquellas carabineras que soportaron los insultos cuando las trataban de 'puta, maraca, nunca paca'. Les pido que se arrepientan".
A continuación, Consuelo Veloso (independiente-FA) le retrucó: "(El llamado Negro Matapacos es) un perro que, sí, tiene un nombre violento para familiares de Carabineros y a ellos toda la razón en molestarse, pero a la derecha le digo: ese perro no mató a nadie, mientras que el perro que siguen levantando en la foto todos los días y cada 11 de septiembre, ese perro genocida, mató a civiles y uniformados", en alusión al dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
En seguida, el diputado José Carlos Meza (Republicanos) pidió a la mesa de la Cámara que "imponga la sanción que corresponde", tras lo cual intervino irónicamente Gonzalo Winter (CS): "Quisiera pedir que se sancione la diputada Veloso por faltarles el respeto a los perros comparándolos con Pinochet".
La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), señaló que "este era un proyecto razonable y lo vamos a volver razonable en el transcurso de la tramitación que queda, cuando baje este microclima que se armó en los últimos días".
"La joya de la corona de todo esto fue que se incluyó una votación para reponer los tribunales militares. En ningún país en tiempos de paz los delitos en que participan civiles, sean como autores o como víctimas, se rigen por tribunales militares por la simple razón de que los tribunales militares no son imparciales; están llevados adelante por militares que tienen rango dentro de la carrera militar, que no tienen inamovilidad; por lo tanto, se deben a sus mandos", indicó la secretaria de Estado.
La Sala también resolverá el proyecto sobre el nuevo Ministerio de Seguridad, que separa ese rol que actualmente recae en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
El texto fue votado esta mañana en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y pasó a la de Hacienda, antes de llegar al hemiciclo.
En la primera, se terminó de deliberar el articulado relativo al rol que asumirá Interior: el Gobierno proponía que la cartera ejerza como coordinador político y su titular asesore al Presidente de la República para la designación del resto de su gabinete, así como que los delegado presidencial regionales puedan nombrar a los seremis con acuerdo de los ministros sectoriales, sin tener que pasar necesariamente por la aprobación del Mandatario.
La derecha, sin embargo, rechazó el punto planteando que cada Gobierno podría tener su propio estilo para delegar responsabilidades.
La ministra Tohá defendió la idea del Ejecutivo: "Si tenemos delegados que arman después equipos con pura gente de su partido, el Presidente se dará cuenta de que tiene la samba canuta en esa región".
"Hoy día lo que sucede es que esta responsabilidad no está radicada en ningún lugar, porque cuando se nombra (por ejemplo) al seremi de Minería en la Región de Aysén, el Presidente de la República no tiene la más peregrina idea de quién es. Quién lo nombra, nadie sabe tampoco. Es un entelequia en que mete la cuchara a todo el mundo y nadie es responsable al final, esa es la realidad. Entonces, estamos debilitando cómo funciona el Gobierno en las regiones", argumentó.
En tanto, en la Comisión de Hacienda la opositora Sofía Cid (RN) cuestionó la importancia de apurar esta discusión, postura que choca con la mostrada por su sector hacia la diputada Maite Orsini (RD) cuando pidió, esta misma semana, "seriedad y tiempo" para revisar las RUF.
