Las diligencias se enmarcan en la querella del SII contra seis empresas vinculadas al ex candidato presidencial.
El organismo acusa un fraude al fisco por 48 mil millones de pesos.
Francisco Javier Errázuriz ha tenido múltiples problemas con la Justicia durante los últimos años.
La Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte allanaron este viernes las oficinas del empresario Francisco Javier Errázuriz en el marco de la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra seis empresas vinculadas al ex candidato presidencial por un presunto fraude tributario.
El organismo acusó que estas empresas han defraudado al Fisco en más de 48 mil millones de pesos falseando balances de distintas compañías e incluso creando "empresas fantasmas" para burlar el pago de impuestos.
La fiscal Ximena Chong llegó hasta las oficinas del ex senador, ubicadas en Amunátegui con Agustinas, en pleno centro de Santiago, junto a más de 12 funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
"No hemos tenido ningún inconveniente. La información está siendo entregada, es información bastante voluminosa, lo cual implica que los equipos están apoyando el trabajo que está haciendo la Fiscalía. La Brigada de Delitos Económicos va a encontrarse varias horas, probablemente, en conjunto con el Ministerio Público, en estas dependencias a efectos de concluir las mismas", dijo la persecutora.
La semana pasada el SII presentó una querella citando las distintas maniobras que se habían realizado en las diversas empresas creadas por el grupo Errázuriz, donde en la explotación del yodo y el salitre se han creado acciones dolosas para defraudar al Fisco, según la investigación del organismo tributario.
"Los delitos tributarios efectivamente ofrecen un cierto nivel de complejidad, sin perjuicio de lo cual estamos trabajando con el querellante, que es el Servicio de Impuestos Internos, lo cual ciertamente va a facilitar la diligencia", expresó también Chong.
La Fiscalía no descartó allanar los domicilios de los distintos representantes legales de estas empresas para obtener toda la información camino a una formalización de cargos por delitos tributarios.
