Este lunes se conocerá si se aprueba el acuerdo entre la Fiscalía Occidente y los seis imputados en el caso tsunami, arreglo que fue decidido por el persecutor jefe Occidente, José Luis Pérez Calaf, a 45 días de asumir el caso-, lo cual ha levantado una serie de cuestionamientos sobre su actuar.
"Hasta cierto punto me parece normal que haya opositores a esta salida después de un proceso tan extenso, que por años y se llegó a presentar acusación contra de seis imputados, pero pienso que también hay ciertas críticas desmesuradas que tienen que ver con expectativas que no son realistas", dijo Pérez en conversación con La Tercera.
Tras esto, explicó que "la suspensión condicional del caso resulta conveniente y razonable cuando en el juicio oral no es posible obtener penas altas, como ocurre tratándose de cuasidelitos".
"Muchos que piensan que por causa de la suspensión condicional los imputados no van a ir a la cárcel, en circunstancias que lo cierto es que ninguno de ellos arriesga penas efectivas (la Fiscalía solicitó penas de 818 días en la acusación)", precisó.
"Además de eso, tuve en consideración que las defensas de todos los imputados aceptaron cumplir con dos obligaciones que son importantes: una de orden económico, como es el pago de indemnizaciones, y otra que es simbólica, pero no menos importante, como es la de pedir disculpas a las víctimas".
Con respecto a los acuerdos, señaló que "con todos los acusados se acordaron las mismas obligaciones, lo único que varía son los montos, que se fijaron teniendo en consideración la distinta capacidad económica de los acusados. Los montos los plantearemos en la audiencia".
¿Imputar a la Presidenta Bachelet?
Respecto a los cuestionamientos de los querellantes, quienes además piden la imputación de la propia Presidenta Michelle Bachelet, Pérez Calfa aseguró que "más allá de los reclamos de los querellantes a propósito del derecho de las víctimas a ser oídas antes de que se resuelva, no sabemos cuáles son sus argumentos de fondo".
"Para la fiscalía, es claro que los requisitos que contempla la ley se cumplen: la pena es inferior a tres años, los acusados tienen irreprochable conducta anterior y existen un acuerdo en orden a cumplir ciertas condiciones. Con respecto a la Presidenta, esto no afecta en nada su situación procesal. La fiscalía ya anunció que comunicará la decisión de no perseverar a su respecto", puntualizó.
Sobre un eventual rechazo a los acuerdos y la reapertura del caso en un juicio oral, precisó que "es viable, por eso se presentó acusación, en eso quiero ser muy enfático. Esa es una evaluación que hizo la fiscal Solange Huerta en su oportunidad y que yo comparto".
"La investigación fue sumamente exhaustiva y se llegó a determinar de manera precisa la forma en que se desarrollaron los hechos en la Onemi y en el Shoa, estableciéndose tanto el delito como la participación de cada uno de los acusados", puntualizó.
Junto con pagar 245 millones de pesos de indemnización, el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los imputados implica que el subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA, Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina, tendrán que leer una carta en la que no deberán pedir perdón necesariamente, y también financiar un seminario sobre terremoto.
