Diputados concertacionistas llamaron a apoyar el jueves el paro de la ANEF

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Autor: Cooperativa.cl

El organismo desarrollará una protesta "solidaria" por el despido de funcionarios públicos.

Denuncian una inminente ola de desafiliaciones en el SAG y el IPS.

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Los diputados concertacionistas Tucapel Jiménez (PPD), Marcos Espinosa (PRSD) y Sergio Aguiló (PS) expresaron el domingo su apoyo al paro que realizará este jueves 26 de agosto la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), en rechazo a la inminente ola de despidos en el Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región de Los Lagos, que se hará efectiva desde el 31 de agosto, según señalan. 

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Tucapel Jiménez advirtió que el Gobierno intentará "desacreditar" la manifestación. (Foto: UPI)
"Este es un paro nacional netamente solidario. Por eso yo llamo a los empleados públicos a adherirse, a solidarizar con sus compañeros de trabajo, llamo a la ciudadanía también a comprender este paro nacional, porque lo más probable es que el Gobierno va a hacer todo para desacreditarlo", dijo Jiménez, que junto a los otros dos parlamentarios acompañó a Raúl de la Puente, presidente de la ANEF, en una rueda de prensa. 

"Esto es hoy día en solidaridad, pero mañana puede ser por cada uno de ellos que tienen empleos vulnerables e inestables. Lo otro a lo que nosotros aspiramos es que el funcionario público rompa el miedo, salga a la calle, paralice, se exprese, y que luche de pie frente a esta situación de inestabilidad" laboral, dijo el dirigente. 

El llamado a paro fue criticado, en tanto, por el diputado de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg, quien negó que los despidos fuesen injustificados o tuvieran razones políticas, las cuales sí atribuyó al líder gremial. 

"Yo nunca escuché a Raúl de la Puente defender a ningún funcionario en los gobiernos anteriores cuando fueron despedidos", dijo Monckeberg. 

Las cifras indican que 2.500 funcionarios públicos han sido destituidos en los cinco meses del mandato de Sebastián Piñera, de los cuales un 40 por ciento corresponde a empleados de la Alta Dirección Pública. El tema ha sido motivo de polémica en los últimos días.

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