El Ministerio de Transportes presentó un nuevo escrito ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para buscar salvar la licitación del Transantiago, proceso que se encuentra suspendido tras la denuncia de dos empresas participantes.
Según publicó La Tercera, en el documento argumentan que "los mayores costos generales que han debido enfrentar los usuarios y el Estado se derivan también de las 'revisiones programadas', figura incorporada en los contratos de 2012".
Esta cláusula ha sido una de las causantes del aumento de costos, ya que obliga a subir los pagos que se realizan a los operadores por cada pasajero, como consecuencia de la evasión y la dismunición de la demanda por servicios.
La posibilidad de eliminar esta cláusula en los nuevos contratos "se traduce directamente en la posibilidad de rebajar los costos generales del sistema", añadiendo que "luego de un periodo de ajuste, podría traducirse en tarifas menores para los usuarios, o al menos, tarifas estables por tiempos más prolongados".
La ministra de Transportes, Paola Tapia, indicó que "las revisiones programadas, que se deben realizar cada dos años, a la larga se han transformado en un pago fijo que reciben los operadores como compensaciones por la pérdida de demanda de pasajeros".
"Lo que nosotros le explicamos al tribunal es que al eliminar esto, no se produciría un incremento de los pagos a los operadores, recursos que provienen del subidio y de la tarifa que pagan los usuarios", precisó.
"La competencia que produce la licitación permite que los pagos a los operadores puedan ser menores producto de las distintas estrategias de oferta que puedan presentar. Nosotros no conocemos esas ofertas, por eso le planteamos al tribunal abrirlas para conocer a ciencia cierta esos valores", sostuvo Tapia.