El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió este domingo una declaración pública para precisar aspectos jurídicos respecto de la orden de desalojo y expropiación de parte de los terrenos de la megatoma en el Cerro Centinela de San Antonio, Región de Valparaíso.
Esto, tras el anuncio de diputados de Renovación Nacional de un requerimiento ante la Contraloría General de la República para evaluar la legalidad de dicha orden.
Desde el Minvu se reafirmó el "total respeto del uso de la institucionalidad", explicando que esta facultad "se fundamenta en la necesidad de alcanzar un fin público que no puede lograrse por otros medios".
Recordó que la Constitución "establece que la expropiación debe estar autorizada por ley general o particular".
Esta autorización, según el Ministerio, implica la atribución de la potestad expropiatoria al ente público y la determinación de las causales por las que se autoriza la expropiación, tales como "utilidad pública" o "interés nacional".
"El procedimiento de expropiación, según la declaración, debe estar legalmente tramitado, según lo dispuesto un decreto de la Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones (LPE) y la indemnización al propietario debe pagarse en efectivo y al contado", se puntualizó.
Además, se reconoce "el derecho a la acción mediante los reclamos especiales contra del acto administrativo expropiatorio y el monto provisional de la indemnización".
Rol del Minvu y Serviu en políticas habitacionales
En cuanto a la atribución de la facultad expropiatoria, el Minvu precisó que diversas leyes "otorgan al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo la responsabilidad de implementar políticas y programas habitacionales para enfrentar el déficit de vivienda y promover la integración social y urbana".
En este contexto, los Serviu, brazo ejecutor de estos planes, "pueden adquirir, subdividir y urbanizar terrenos, y realizar funciones de radicación y erradicación de campamentos y poblaciones marginales".
La "causa expropiandi" o motivo de utilidad pública se consagra en un artículo que "faculta a los Serviu para expropiar terrenos para el cumplimiento de los programas de construcción aprobados por Decreto Supremo del Minvu y publicados oficialmente".
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo defiende la constitucionalidad y la necesidad pública de la expropiación parcial de los terrenos en San Antonio, ligándola a programas habitacionales. (FOTO: ATON/Referencial)
Cerro Centinela: Necesidad habitacional y cumplimiento judicial
El caso específico de la toma Cerro Centinela fue abordado con énfasis, destacando que "representa una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas en el catastro oficial de campamentos del Minvu del 2024".
El Ministerio señaló también que "la expropiación en este caso no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, como lo han planteado erróneamente algunos actores, sino que, al contrario, la adquisición vía expropiación de los terrenos se realizará con la finalidad de implementar los programas habitacionales (...) con un plan habitacional que pueda, además, integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia".
En línea con esto, el Gobierno "ha presentado en tiempo y forma el plan de desalojo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso" y "ha informado a la I. Corte que se procederá a la expropiación parcial del terreno de marras".
Esta acción se presenta como una respuesta directa al déficit habitacional de más de 11.000 personas y un mecanismo clave para acatar la sentencia judicial de desalojo (FOTO: ATON/Referencial)
Garantías para propietarios y llamado a la calma
Finalmente, el Minvu recordó que "dentro del proceso expropiatorio, el propietario de los terrenos, y también el Serviu, si corresponde, podrán ejercer los derechos que la ley les concede", incluyendo la intervención de una comisión de expertos para definir la indemnización provisional y la posibilidad de apelación ante el tribunal competente en caso de desacuerdo.
La declaración concluye con un llamado a "evitar la polarización y el escalamiento del conflicto", enfatizando que el Gobierno "ha propuesto caminos institucionales para dar cumplimiento al fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema complejo y multidimensional en el marco de la legalidad, y con respeto a los derechos de todos los involucrados en esta situación que es excepcional, por las características del campamento y su envergadura".
Reasignación de fondos y gasto eficiente
En el marco de esta iniciativa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que esta toma, que "es más de 1.000 veces la toma de Lo Barnechea", generó que el Gobierno presentara un plan de desalojo ante la justicia y que, en paralelo, se realizara "el proceso de expropiación para hacer posible el plan habitacional: por eso se constituyó una mesa técnica que permitiera la adquisición del terreno".
Según advirtió el secretario de Estado, se llegó a esta situación porque, tras largas negociaciones, "no hubo acuerdo con el precio solicitado por los dueños del terreno, que estaba muy por sobre el precio del mercado, y por eso se está utilizando esta otra herramienta que confiere nuestro ordenamiento jurídico".
Elizalde enfatizó que este es un "procedimiento habitual que utiliza el Estado para un gasto eficiente y, por tanto, es un instrumento que se ha utilizado muchas veces".
La autoridad precisó también que el desalojo de la megatoma comenzará en este Gobierno, pero que deberá concluir en el próximo.
Cuestionamientos de ilegalidad e inconstitucionalidad
Desde la derecha, se especula sobre una posible acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Los diputados de Renovación Nacional, impulsores del requerimiento ante Contraloría, sostienen que la expropiación presenta "vicios de ilegalidad".
"Realizamos esta presentación a Contraloría porque nos parece que esta orden que estaría dando el gobierno para expropiar terrenos en San Antonio gozaría de vicios de ilegalidad. Incluso, si uno va más allá, podríamos pensar hasta vicios de inconstitucionalidad", advirtió Camila Flores, diputada y senadora electa RN.
"Por eso es por lo que requerimos que la contralor nacional pueda revisar si efectivamente este instrumento contaría con los elementos de derecho para llevarse a cabo. Nosotros consideramos que no es así, que se lesionan principios básicos, como puede ser perfectamente el derecho de propiedad y otros", puntualizó.
