Chile ofreció este jueves disculpas públicas a una mujer identificada como Francisca, quien fue esterilizada sin su consentimiento en un hospital público hace dos décadas porque tenía VIH y los médicos decidieron unilateralmente que no debía tener más hijos.
"Duele pensar que el Estado que hoy día tengo el honor de representar es responsable de estos casos y me comprometo a que, mientras nosotros gobernemos, vamos a dar lo mejor para que nunca más se vuelva a repetir algo de estas características", dijo el Presidente Gabriel Boric.
En un acto público en La Moneda, el Mandatario prometió, además, "reparar como corresponde" a otras mujeres que, como Francisca, hayan sido víctimas de "estas atrocidades".
Francisca -nombre ficticio de la víctima, quien prefiere resguardar su identidad- se enteró que tenía VIH en 2002, cuando estaba embarazada de su primer hijo.
Dio a luz a través de una cesárea y, durante la intervención, el personal médico que la atendió le practicó una esterilización sin su consentimiento, ignorando las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
"Me da alegría saber que mi caso pueda servir para acabar con los estereotipos sobre las personas que vivimos con VIH y para que mejore la atención en salud a otras mujeres", dijo Francisca, quien para proteger su identidad siguió el acto de manera virtual.
El caso, que no prosperó en la Justicia chilena, fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009 por las organizaciones Centro de Derechos Reproductivos y Vivo Positivo.
El pasado agosto y tras varios años de conversaciones en la CIDH, el Estado chileno aceptó su responsabilidad y firmó un Acuerdo de Solución Amistosa con la víctima, que incluye disculpas públicas, una reparación económica y medidas en los hospitales públicos para evitar que el caso se repita.
"Qué importante es cuando la sociedad civil organizada doblega todas las murallas que a veces se interponen entre los ciudadanos para que el Estado reconozca sus derechos", apuntó Boric.
Para Sara Araya, de Vivo Positivo, el acuerdo "sienta un precedente de que no hay mujeres de segunda clase y que los derechos humanos son también para las mujeres que viven con VIH".
"Los Estados tienen la obligación de garantizar y respetar los derechos de las mujeres con VIH, incluyendo el deber de asegurar el consentimiento previo, libre e informado", agregó por su parte Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.
