Por: Agencia Xinhua
A pocas horas de inaugurar la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos, que se extenderá hasta el 10 de junio, la administración de Joe Biden aún no logró publicar la lista de invitados.
Esta cumbre, en la que Estados Unidos repite nuevamente como país anfitrión desde la reunión inaugural de Miami, en 1994, tiene entre sus objetivos cerrar un pacto regional sobre migración y relanzar la recuperación económica posterior a la pandemia de Covid-19.
Pero, sin saber quienes pisarán finalmente la alfombra roja del aeropuerto de Los Ángeles, la mayor preocupación de la cumbre no será la habitual falta de consenso, sino más bien la débil representación institucional provocada por la ausencia de varios líderes regionales.
La polémica se desató cuando Estados Unidos anunció unilateralmente, en mayo, que no invitaría a Cuba, Nicaragua ni Venezuela al encuentro continental, al no considerarlos países democráticos, una decisión arbitraria y excluyente que generó un inesperado rechazo por parte de la mayoría de las naciones latinoamericanas y caribeñas.
Como respuesta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condicionó su asistencia a que todos los países de la región pudieran participar en esta cumbre porque, a su juicio, "en América no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos".
Los mandatarios de Bolivia, Guatemala, Honduras y varios países miembros de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) también anunciaron públicamente su ausencia mientras hubiera países excluidos del evento.
A su vez, si bien confirmó su participación, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuyo país asume la presidencia de turno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), también decidió hacer público el disgusto y malestar de la CELAC con la actitud excluyente de Washington.
El boicot ha puesto de manifiesto las discrepancias irreconciliables de Estados Unidos con Latinoamérica y el Caribe. Mientras el primero pretende imponer las reglas del juego según sus propios parámetros, los países latinoamericanos y caribeños buscan erradicar la celebérrima Doctrina Monroe, caracterizada por su intervencionismo y la hegemonía ejercida desde Washington sobre sus vecinos del sur durante casi dos siglos.
Las memorias latinoamericanas sobre Estados Unidos están salpicadas de sangre y lágrimas. En su afán expansionista, a mediados del siglo XIX, Washington aprovechó las debilidades de México para quedarse con casi la mitad de su territorio entonces, más de dos millones de kilómetros cuadrados.
Al iniciarse el siglo XX, las agresiones militares de EE.UU. contra América Latina se tornaron cada vez más frecuentes, primero con un golpe de Estado contra el entonces presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, en 1954, agrediendo posteriormente a Cuba, Brasil, República Dominicana, Chile, Argentina, Granada, Nicaragua, Panamá o Haití, entre otros.
Durante un discurso ante el Senado de Estados Unidos en febrero de 2022, el senador demócrata Bernie Sanders reconoció que su país había socavado o subvertido los Gobiernos de, al menos, una docena de países de América Latina y del Caribe.
Por otro lado, el capital extractivo de EE. UU. saqueó despiadadamente las riquezas de la región, convirtiendo Centroamérica y el Caribe en "repúblicas bananeras", países corruptos e inestables dependientes de un solo recurso de bajo valor agregado, como el banano o el café, explotados por empresas estadounidenses que suministraban bienes baratos a Estados Unidos en régimen de monopolio.
Cuando estalló la crisis de deuda de los países latinoamericanos en 1980, Estados Unidos promulgó sus recetas neoliberales y consiguió imponer sobre ellos el denominado Consenso de Washington, lo cual dio como resultado varias crisis financieras y una "década perdida" para la región.
En la década de 1990, los países latinoamericanos que adoptaron el Consenso de Washington redujeron su crecimiento económico una media del 50 por ciento con respecto a los diez años anteriores. Además, las fuertes privatizaciones agrandaron la brecha entre ricos y pobres, concentrando casi toda la riqueza en las manos de muy poca gente, lo cual acabó traduciéndose en una enorme inestabilidad social.
Durante la pandemia de Covid-19, Estados Unidos acaparó la cuarta parte del total mundial de las vacunas, pero se negó a compartir una parte con sus vecinos del sur. Cuando México solicitó vacunas a EE.UU. en marzo de 2021, con la promesa de devolverlas unos meses después, cuando hubiese recibido las dosis que había contratado, la respuesta estadounidense fue un rotundo "no".
En mayo de ese mismo año, mientras que la mitad de los estadounidenses había recibido dos dosis de las vacunas, solamente un tres por ciento de la población total de América Latina y del Caribe tenía la pauta completa de vacunación contra la Covid-19. Es otro ejemplo claro sobre cómo se articula la ideología de "Estados Unidos primero".
Ante los maltratos históricos y menosprecios presentes de Estados Unidos, los países latinoamericanos y caribeños decidieron promover la integración regional para aumentar su autonomía y espacio de maniobra fuera de la influencia de Washington.
En 2011, se creó la CELAC, que incluye a los 33 países del continente americano con la excepción de Estados Unidos y Canadá; rechazando de esta forma la hegemonía estadounidense sobre la región, que siempre ha priorizado sus propios intereses por encima de los intereses comunes de la región.
Aunque el declive de la hegemonía estadounidense no será un proceso rápido, el boicot contra esta IX Cumbre de las Américas hará que se escuche la voz de una región que rechaza que un solo país, aunque sea la primera potencia del mundo como es EE.UU., puede negarles un "asiento en la mesa" simplemente porque no está de acuerdo con los Gobiernos de otros países.
Se trata, por tanto, de un clavo más en el ataúd de la Doctrina Monroe. Un entierro que avanza lentamente pero con paso firme.