El ex ministro de Justicia afirmó que sólo ha realizado informes en derecho para la Sonami tal como lo ha hecho con instituciones públicas y privadas, entre ellas las dos cámaras del Parlamento.
Francisco Cumplido, ex secretario de Justicia del gobierno de Patricio Aylwin, salió al paso de las críticas que ha recibido su labor como asesor de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) respecto del tema del royalty. En conversación con El Diario De Cooperativa, el abogado sentenció que sólo ha realizado un trabajo como tantos otros y subrayó que no hace lobby ni en forma pública ni privada.
"Soy un abogado constitucionalista, profesor de derecho, hago informes en derecho para el sector privado, para los servicios públicos y empresas del Estado, y también para las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara (de Diputados) y el Senado, de manera que no es mi profesión hacer de lobbysta", afirmó.
Cumplido hizo hincapié en que hay dos tipos de lobby, el "sobre la mesa y el bajo la mesa", donde el segundo está más cerca –reconoció– de la "corrupción" a que hizo mención el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, aunque sentenció que "no me dedico a ser lobbysta".
Respecto a su labor específica con la Sonami, detalló que "el Instituto de Ingenieros de Minas me pidió en una oportunidad, algún tiempo atrás, que hiciera un análisis de la propiedad minera en la Constitución de 1980, en relación precisamente con el royalty, y hice una exposición pública en la cual planteé mi punto de vista. Ahora, posteriormente, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) me pidió un informe en derecho respecto del mismo tema, sobre la base del anteproyecto (de ley) del Gobierno. Ahora, a ellos les di una opinión preliminar y ahora estoy terminando de estudiar el proyecto definitivo"
Según el profesional, al presentar al Congreso el proyecto que fija una regalía a la extracción minera, el Ejecutivo modificó aspectos que hacían peligrar la constitucionalidad del texto legal y se retoma el tema del fondo de investigación, "parecido al sistema que existía antes, respecto de la ley del cobre, en que había un ingreso para investigación científica, lo que fue cambiado por el gobierno militar, para traspasar esos fondos a las Fuerzas Armadas".
"El punto fundamental es determinar qué es, de acuerdo con la Constitución, el dominio que tiene el Estado sobre las minas", explicó Francisco Cumplido al comentar los alcances del informe que prepara.
Añadió que "aquí ha habido una gran discusión durante muchos años, unos hablaban que tenía un dominio eminente, otros un dominio patrimonial, la verdad es que si uno examina la Constitución llega a la conclusión que por las motivaciones que todos conocemos, relacionadas con la nacionalización del cobre y demás, se estableció un sistema de protección a la inversión en la propiedad minera, entre las cuales está, por supuesto, la posibilidad de que el Estado tenga una competencia limitada en la materia".
Cumplido enfatizó que el Estado "es dueño del yacimiento, pero puede hacer sólo aquello que la Constitución le permite hacer", entre lo que está que las causas para caducar una concesión minera deben ser previstas al momento que ésta es entregada y en ningún caso en forma posterior, por lo que "no se puede establecer un royalty respecto de los minerales extraídos por una parte, y por otro lado no se puede afectar una concesión ya otorgada con un procedimiento que pueda conducir a la extinción de la concesión particular".
Agregó que por tratarse de una ley orgánica constitucional, ésta debe ir a un "control preventivo" al Tribunal Constitucional (TC), órgano que determinará finalmente "si la forma en que se apruebe en definitiva en el Congreso (el proyecto), porque eso aún no lo sabemos, puede provocar una inconstitucionalidad que establezca que no puede ser ley".
El jurista detalló que el TC "siempre permite que las personas presenten escritos, téngase presente, lo ha aceptado en muchos casos, por eso tal vez a eso se refería, seguramente, la Sociedad Nacional de Minería y otras organizaciones mineras respecto de recurrir al Tribunal Constitucional. Ellos, lógicamente, no pueden recurrir directamente".
Finalmente, Cumplido afirmó que considera que La Moneda "va a tener que ajustar su proyecto a la Constitución de 1980, eso es la parte constitucional. Ahora en la parte política hay un gran debate, hay distintas opiniones, tengo también una opinión política sobre la materia, creo que si efectivamente las compañías mineras no pagaron los impuestos que correspondía, la ley establece los mecanismos para hacerlos efectivos, como se ha hecho respecto de las grandes empresas norteamericanas".
"Perfectamente el Estado puede aumentar el valor de las patentes o para el futuro establecer una sistema distinto, respecto de las concesiones futuras", concluyó al evaluar qué otras medidas podría tomar la autoridad para garantizar un justo ingreso fiscal por la explotación de los recursos minerales del país.
