Tópicos: Economía

Berlusconi dijo que "no habría problema" en recuperar polémica norma que favorecía a sus empresas

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Autor: Cooperativa.cl

Su inclusión en el plan de ajuste se descartó tras el revuelo generado por ella.

Jefe del Ejecutivo italiano negó que esa modificación fuera creada solo para defender sus intereses.

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El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, no descartó recuperar la polémica norma incluida en un primer momento en el plan de ajuste de su Gobierno, que favorecía a su grupo empresarial, Fininvest, pero que decidió retirar ante el revuelo generado.

ImagenDurante la presentación de un libro en Roma, el jefe del Ejecutivo italiano negó que esa modificación del código de procesos civiles, que podría haber favorecido a Fininvest ante la millonaria sanción económica impuesta por un juez de Milán (norte de Italia), fuera creada sólo para defender sus intereses.

"No era una intervención 'ad personam', sino que era una cosa justa hecha en favor de muchas, muchísimas empresas, en particular aquellas en el terreno de las obras públicas", indicó Berlusconi, en unas declaraciones recogidas por las cámaras de televisión.

El político aseguró que, dado que se espera que el Tribunal de Apelación de Milán se pronuncie en breve sobre el recurso de su grupo a esa millonaria sanción por el caso Mondadori, no habrá problema en retomar después esa modificación del código de procesos civiles en el Parlamento.

"En breve habrá una sentencia. Después, por tanto, se podrá pensar en reintroducirla en el Parlamento porque no se considerará ya como una norma solo para Fininvest o hecha a mi medida", apuntó Berlusconi.

La norma hacía obligatoria la suspensión cautelar en los procesos civiles de las sanciones económicas superiores a los 10 y 20 millones de euros en primer y segundo grado, respectivamente, hasta su fase de recurso ante el Tribunal Supremo.

Esta disposición se podría haber aplicado al caso Mondadori, que está en apelación después de que en 2009 el Tribunal de Milán condenara a Fininvest a pagar 750 millones de euros al conglomerado CIR por los daños patrimoniales derivados de la corrupción desatada en la pugna por el control de la editorial que da nombre al proceso.

 

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