El documento establece multas de entre 20 a 100 UTM a los infractores.
De este modo, se busca favorecer la reinserción laboral de los cesantes.
Este miércoles los diputados Antonio Leal, presidente de la comisión de Economía; Adriana Muñoz, integrante de la comisión de Trabajo, Marcelo Díaz (PS) y José Miguel Ortiz (DC), presentaron un proyecto de ley que sanciona, a través de la aplicación de multas, a aquellos personas que pidan informe comercial o DICOM como requisito para encontrar trabajo.
Leal explicó que en el año 2002 se agregó al artículo 2° del Código del Trabajo, un inciso que establece que "ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que, conforme a la ley, puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales; ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno".
No obstante, a pesar de la existencia de esta normativa, "hemos comprobado en diversas circunstancias, incluso en planes de trabajo impulsados por las municipalidades, el bajo cumplimiento de esta normativa protectora de la vida privada", indicó el diputado PPD.
Al respecto, la diputada Adriana Muñoz, integrante de la comisión del Trabajo de la Cámara, aseveró que "hoy día para muchas mujeres y hombres acercarse a pedir un trabajo provoca temor esta exigencia, esta exigencia se transforma en un círculo vicioso porque la persona que no encuentran trabajo no puede normalizar su situación en DICOM. Es absolutamente ilegal lo que están haciendo hoy los empleadores de exigir un certificado de DICOM".
Por este motivo, el proyecto busca establecer la infracción a lo dispuesto en este artículo, a través de multas que irían entre las 20 a 50 unidades tributarias mensuales (UTM). Además, en caso de que la infracción se cometa en planes de absorción de mano de obra, bolsas de trabajo u otras iniciativas destinadas a disminuir la cesantía que sean administradas u operadas por municipalidades, la sanción se elevará al doble, ya que, según indicaron los parlamentarios, le corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios.
