El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hará parte de la causa radicada en la Corte de Apelaciones de Copiapó sobre la licitación del litio, para defender el proceso que lleva adelante el Ministerio de Minería y que fue paralizado hace un mes por el tribunal de alzada.
El pasado 14 de enero, dos días después de que el Ejecutivo adjudicara cuotas del mineral a dos empresas, la Corte acogió a trámite el recurso de protección presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas (independiente), y dictó una orden de no innovar, dejando suspendido el proceso de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio.
Tras ello, el CDE solicitó hacerse parte como representante del ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario Edgar Blanco, petición que fue aceptada por el tribunal, según informa hoy El Mercurio.
El gobernador Vargas consideró que la decisión del Consejo es una "sorpresa", ya que el hecho de que participe de los próximos alegatos "hace suponer que la acción materializada por el Gobierno Regional de Atacama y una comunidad indígena, la comunidad Paiote, apunta a afectar los intereses del Estado, y nada más contrario que eso".
"Lo que estamos haciendo es precisamente cautelar los intereses del Estado, ¿por qué suponer lo contrario?, y no el fin que tiene el recurso interpuesto por el Gobierno Regional, que apunta a que se cautelen o se garanticen adecuadamente el cumplimiento de las normas y las garantías constitucionales, y lo más importante de todo, los intereses de los territorios", sostuvo.
Anticipó, en tanto, que "entramos derechamente en la fase de los alegatos".
Ad portas, "creemos que nuestro recurso tiene fundamentos de peso, principalmente amparado en disposiciones de la propia Constitución Política de la República del país, por lo tanto estamos muy optimistas", afirmó Vargas.
