Como un proceso "muy exitoso", efectuado con "transparencia y eficiencia" y cuyo resultado fue "óptimo" calificó este lunes en Cooperativa el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, la licitación que se adjudicó la empresa Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) para explotar por un plazo de 20 años 100 mil toneladas de litio, luego de presentar una oferta de 19.301 millones de pesos.
"Es una muy buena noticia. Hemos tenido una recaudación récord, de casi ocho veces el valor mínimo que nosotros habíamos establecido, por lo tanto hubo una gran competencia y una oferta muy importante", dijo Wagner a Una Nueva Mañana.
Según indicó la autoridad, en el último tiempo Chile se estaba "quedando atrás en la producción de litio, dado que tenemos una restricción en la producción desde el punto de vista constitucional, y Australia ya este año nos había sobrepasado en la producción. Nosotros llegamos a ser líderes con 53 por ciento del mercado y hoy día estamos bajo el 40. Este contrato nos permite añadir 15 por ciento de la producción mundial anualizada, y por lo tanto, nos va a permitir -ojalá muy rápido- retomar el liderazgo y ser el país más importante en producción de litio en el mundo", aseveró.
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El funcionario afirmó que la licitación que se adjudicó SQM se efectuó con "transparencia y eficiencia". (Foto: UPI) |
El subsecretario también hizo frente a las críticas surgidas desde grupos de parlamentarios que han impugnado la legalidad y el transfondo de la operación. Aseguró que en ésta "la ley está cumplida ampliamente, porque no es que se esté concesionando (el litio), se da un contrato especial de operación".
"La Constitución, en el artículo 19 número 24, así lo establece, y también lo establece el artículo 8 del Código de Minería muy claro respecto de que nosotros podemos hacer esto y, por último, ya se hizo en el pasado, por lo tanto, no hay problemas legales respecto del mismo", indicó.
Esto "no es una concesión, no hay régimen concesional respecto del litio, el Estado sigue siendo dueño completo del mineral". Se trata de un "proceso de contrato especial de operación se utilizó durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet el año 2007 para los hidrocarburos, (...) se usó exactamente el mismo mecanismo para licitar bloques de petróleo en Magallanes".
En definitiva, lo que se hizo "está amparado en la Constitución y en la experiencia pasada que el Gobierno anterior -en mi opinión correctamente- hizo: una licitación amparada en los mismos artículos constitucionales", sentenció.