El Salvador retomó la normalidad tras paro que causó 68 millones de dólares en pérdidas

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Autor: Redacción Cooperativa

Una ley contra las pandillas de ese país provocó una paralización de tres días.

Alrededor de 81 personas fueron detenidas en actos de violencia.

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El servicio de transporte colectivo en El Salvador volvió este viernes a la normalidad después de una paralización parcial de 72 horas a raíz de amenazas de pandillas, que dejó pérdidas por 68 millones de dólares y la captura de 81 personas.

ImagenLas unidades del transporte colectivo circularon por las calles de San Salvador, bajo la presencia de soldados y policías encargados de resguardar la ciudad.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, aseguró a EFE que "está todo normal" y agregó que "los motoristas (conductores) no tuvieron temor que los quisieran asesinar y ya salieron a trabajar".

Pérdidas millonarias

Mientras que las gremiales empresariales, como la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), reportaron pérdidas de 65 millones de dólares, aproximadamente.

La Cámara de Comercio indicó en un comunicado que durante los tres días las pérdidas para ese sector ascendieron a "más de 40 millones de dólares".

El regreso a la normalidad se produjo un día después de que el presidente Mauricio Funes sancionó la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, que penaliza la pertenencia y financiación de esos grupos con castigos de hasta diez años de cárcel.

Esta medida contó con el apoyo de distintos sectores del país, aunque advirtieron que el éxito de la misma dependerá del Poder Judicial.

Durante los últimos tres días, la Policía capturó a 81 personas, "vinculadas directamente a actividades generadas para realizar este paro", señaló a Efe el subdirector de investigaciones de la Policía, Howard Coto.

El Salvador vivió entre el martes y el jueves una paralización por amenazas de la Mara Salvatrucha (M-S) y la Mara 18 (M-18), que exigían al Gobierno no avalar una ley que las penaliza.

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