Jorge Rafael Videla está procesado por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos.
Según el Ministerio Público, el imputado tenía el "poder de decisión para impartir órdenes criminales".
Un fiscal de Argentina solicitó que se eleve a juicio oral la causa judicial por la que el ex dictador Jorge Rafael Videla está acusado por crímenes cometidos durante el régimen militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
Fuentes judiciales informaron que fue el fiscal federal Federico Delgado quien presentó el pedido de elevación a juicio de la causa cuya instrucción está cargo del juez Daniel Rafecas.
Videla está procesado por su presunta responsabilidad en decenas de homicidios agravados y alrededor de seiscientos casos de secuestros y torturas.
Según la presentación del representante del Ministerio Público, el otrora dictador tenía "poder de decisión para impartir órdenes criminales" desde su función de comandante en jefe del Ejército, cargo que ocupó desde el 24 de marzo de 1976, cuando se perpetró el golpe de Estado, hasta el 31 de julio de 1978.
Para el fiscal, los oscuros sucesos de la dictadura configuraron "una feroz y desnuda represión ejecutada por quienes usurparon el poder" con el objetivo de "despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población en su conjunto".
Videla, de 83 años y con múltiples procesamientos por otras causas, está acusado en esta investigación por su responsabilidad en los crímenes cometidos en varios centros clandestinos de detención bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
El ex dictador fue condenado a prisión perpetua en el juicio a las juntas militares de la dictadura, pero sólo cumplió cinco años en prisión porque fue indultado durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999).
En 1998 regresó a la cárcel durante 38 días en el marco de una investigación por el robo de bebés durante el régimen de facto, hasta que la Justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.
El año pasado le revocaron ese beneficio y fue conducido a una prisión dentro de una guarnición militar, para luego ser trasladado a una cárcel común.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante el último régimen, aunque organismos de derechos humanos afirman que las víctimas fueron 30.000.
