El gobierno argentino reclamó a la justicia la detención del ex subcomisario y candidato a diputado Luis Patti por su presunta vinculación con una serie de crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, rechazó que la decisión del Ejecutivo tenga intenciones políticas, como argumentó Patti.
El ex subcomisario había señalado que las denuncias en su contra respondían a "una sucia campaña política" con vistas a las elecciones legislativas de octubre próximo.
"Acá hubo una guerra sucia que fue la de la represión ilegal y los crímenes de lesa humanidad. Eso fue sucio. Querer llevar a la
uusticia a quienes puedan resultar culpables de los crímenes no es sucio, es una obligación ética del Estado", respondió el secretario de Derechos Humanos.
"No es que se haga esta denuncia porque él es candidato; en todo caso hay que ver si Patti no es candidato por estas denuncias", indicó Eduardo Luis Duhalde.
La detención de Patti y otro cinco supuestos represores en una causa que investiga la desaparición y el asesinato de Gastón Goncalvez y su esposa, Ana María del Carmen Granada, en 1976, había sido reclamada hace dos semanas por el fiscal Juan Murray, los hijos de las víctimas y la organización humanitaria Hijos.
Sin embargo, el pasado jueves el juez Carlos Villafuerte Ruzo devolvió el expediente al representante del Ministerio Público y le solicitó más elementos para ordenar una medida de esas características.
Este lunes, Eduardo Luis Duhalde se presentó ante el juez con un escrito en el que planteó que el Estado quiere ser querellante en la causa que investiga la privación ilegal de la libertad, las torturas y el asesinato del matrimonio Goncalvez.
Según testigos de la causa, antes de ser asesinado, Goncalvez fue torturado en una comisaría bonaerense, con la presunta participación directa de Patti, y su cadáver y el de otros militantes fueron dejados el 2 de abril de 1976 en un paraje abandonado.
Su cuerpo fue encontrado en 1996 en el cementerio de la localidad de Escobar junto al de otros tres militantes por un equipo de antropología forense, que determinó que estas cuatro personas fueron fusiladas y posteriormente incineradas.
Este mismo equipo ya había identificado los restos de la esposa de Goncalvez, asesinada meses más tarde, el 19 de noviembre de 1976, durante una operación conjunta entre el Ejército y la Policía en la que también murieron otras cuatro personas.
Según datos oficiales, 18.000 personas desaparecieron durante la dictadura, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000. (EFE)