La justicia trasandina estableció "la relación ilegítima" entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en las décadas de los años 70 y 80 para deshacerse de opositores.
Un tribunal confirmó los procesamientos del ex dictador Jorge Videla y otros 14 jerarcas del último régimen militar argentino por el Plan Cóndor, el sistema de coordinación de la represión política que existió en la región.
La resolución de la Cámara Federal de Buenos Aires (corte de apelaciones), dictada hace una semana pero anunciada este viernes, alcanzó además a los ex militares Albano Harguindeguy, Antonio Bussi, Luciano Menéndez, Santiago Riveros y Ramón Díaz Bessone, entre otras autoridades de la dictadura que gobernó el país de 1976 a 1983.
El tribunal de segunda instancia convalidó así el procesamiento de los militares en retiro por los delitos de "privación ilegítima de la libertad" y "asociación ilícita agravada" que había dictado el juez a cargo del caso, Guillermo Montenegro.
En su resolución, la Cámara definió al Plan Cóndor como "la relación ilegítima establecida entre los gobiernos y servicios de inteligencia" de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en las décadas de los años 70 y 80.
Esa coordinación permitió a las dictaduras militares del Cono Sur compartir información y cooperar para perseguir ilegalmente a opositores políticos", además de cometer delitos como "privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio", señaló el fallo.
Los jueces explicaron que "está probado" que "en ocasiones las Fuerzas Armadas o servicios de inteligencia actuaban en un país ajeno para privar ilegalmente de la libertad a individuos para luego trasladarlos a su país de origen, o bien procedían a su eliminación física en el territorio del país extranjero".
"Por las características que reviste este fenómeno, aparte de la afectación de los derechos humanos básicos como la integridad física, la libertad y la vida, se afectaba el derecho de asilo y el de la no extradición de los llamados perseguidos políticos", agregaron.
Los miembros del tribunal enfatizaron que "los delitos cometidos en el marco del plan señalado deben ser considerados, a la luz del derecho de gentes, como crímenes contra la humanidad", lo que significa que "son lesivos de normas que protegen valores fundamentales reconocidos a todo ser humano".
Además, se remitieron a un fallo de la Corte Suprema argentina en el que se afirma que "no podría sostenerse que si los homicidios, la tortura y la desaparición forzada de personas son delitos contra la humanidad, el formar parte de una asociación destinada a cometerlos no lo sea".
Algunos de los ex militares procesados se encuentran en libertad a raíz de una resolución dictada en abril pasado por la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, mientras que otros permanecen detenidos y bajo arresto domiciliario. (EFE)
