La máxima corte de EE.UU. se negó a acatar la solicitud del mandatario para que se cumpla con la orden emanada por La Haya y realizar un nuevo juicio a un mexicano acusado de violación y asesinato.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que el estado de Texas no tiene que celebrar una nueva audiencia para José Ernesto Medellín, un ciudadano mexicano condenado a muerte, como ordenó el presidente de EE.UU., George W. Bush, a raíz de un dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
El alto tribunal, compuesto por nueve magistrados, dictaminó, por seis votos a favor y tres en contra, que Bush no tiene autoridad para ordenar una nueva audiencia para el preso mexicano.
En el fallo, el presidente del Supremo, John Roberts, justifica la decisión de los jueces con el argumento de que el dictamen de la CIJ no se puede aplicar a los estados y que Bush "no puede establecer decisiones vinculantes que sean contrarias a leyes estatales ya existentes".
Los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y David Souter disintieron de la opinión de la mayoría de los magistrados, que decepcionó al gobierno mexicano.
El portavoz de la embajada de México en Estados Unidos, Ricardo Alday, dijo que el Ejecutivo "está preocupado" por el dictamen.
También el Ejecutivo estadounidense esperaba otro fallo. Según la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, el Gobierno "está decepcionado" con el resultado, pero lo acepta y lo acatará.
El caso "Medellín vs. Texas" llegó en octubre de 2007 al Tribunal Supremo y alcanzó notoriedad en los medios de comunicación por la inusual postura que adoptó Bush al ordenar al estado acatar el fallo de la CIJ, cuando normalmente ha tomado decisiones favorables a la pena de muerte.
José Ernesto Medellín fue condenado a la pena capital en 1994 por violar y estrangular a dos jóvenes en octubre de 1993, cuando tenía sólo 18 años.
La policía le detuvo unos días después y le informó que tenía derecho a permanecer en silencio y a un abogado, pero no que podría solicitar el asesoramiento del consulado mexicano, como lo establece un tratado internacional de 1963 suscrito por Estados Unidos.
Esa y otras negligencias procesales similares con 50 mexicanos condenados a la pena de muerte llevaron al gobierno del DF a presentar una denuncia ante la CIJ, con sede en La Haya.
La Corte concluyó en 2004 que EE.UU. había violado la Convención de Viena de 1963, al no respetar el derecho de Medellín y de sus compatriotas a obtener servicio consular, y solicitó la revisión de los casos en cuestión.
El mandatario estadounidense respaldó la decisión y ordenó en 2005 a las cortes estatales seguir la decisión del tribunal de La Haya.
La Casa Blanca argumentó que el no acatar el dictamen sería perjudicial para la imagen de Estados Unidos en el mundo.
Dos semanas después, Bush anunció que el país se retiraba del protocolo opcional del tratado internacional de 1963 sobre el derecho consular, lo que deja en manos de la CIJ decidir sobre casos como el de Medellín.
El estado de Texas mantuvo, por su parte, que ni el Gobierno federal ni los tribunales internacionales tienen competencia en el caso de Medellín, el único de los 51 mexicanos que ha logrado llevar su batalla legal al Supremo.
Las autoridades estatales sostienen que el preso no puede invocar su derecho como ciudadano mexicano, al no haber planteado la falta de asistencia consular durante el juicio original contra él.
El condenado y la CIJ alegan, por otra parte, que es obligación de las autoridades informar a los detenidos de ese derecho, ya que los presos pueden desconocer que ese servicio existe.
Cuando Bush fue gobernador de Texas (1995-2000) supervisó la ejecución de 152 prisioneros.
Desde 1982 Texas ha ejecutado 405 presos mediante inyección letal. La última tuvo lugar el 25 septiembre de 2007. (EFE)
