Los legisladores del estado de Nueva York aprobaron una nueva ley que eleva de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos, como parte de un paquete para aumentar el control sobre las armas, tras la reciente matanza de Uvalde (Texas), en la que 19 niños fueron asesinados.
"Nuestro paquete legal sobre armas, líder en el país, acaba de ser aprobado por ambas cámaras. Nueva York está tomando medidas rápidas para fortalecer las leyes de alertas de seguridad, cerrar lagunas y proteger a las comunidades", escribió en un breve mensaje la gobernadora, Kathy Hochul, que deberá firmar la ley para que entre en vigor.
En un comunicado posterior, Hochul agregó que la nueva legislación ofrece a los cuerpos de seguridad las herramientas para "evitar un acceso fácil a las armas".
La nueva ley también prohíbe la venta de munición que atraviese chalecos antibalas, la venta de protección antibalas y revisa la conocida como ley de la "bandera roja", para identificar a aquellas personas que eventualmente puedan causarse daño a sí mismas o a los demás en caso de estar en posesión de un arma.
De esta manera, Nueva York se convierte en el primer estado del país en restringir la compra de armamento tras el tiroteo de Uvalde y las recientes matanzas de Buffalo (Nueva York) y Tulsa (Oklahoma).
En el Comunicado, Hochul subrayó que el problema de las armas es nacional e instó a los legisladores de Washington a "aprovechar este momento y tomar medidas significativas para prevenir la violencia armada".
Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al Congreso y al Senado federales que prohibiera la venta de armas de asalto o en su defecto que se aumente la edad mínima para comprarlas de los 18 a los 25 años.
Biden también pidió que se prohíban los cargadores de alta capacidad, que se refuerce la verificación de antecedentes de los potenciales compradores, que se aplique la ley para garantizar el almacenamiento seguro de las armas y que se "derogue la inmunidad que protege a los fabricantes de armas".
Ayer, la Fiscalía General de Nueva York mostró mano dura contra el sector de las armas de fabricación casera, sometidas a una legislación muy restrictiva en el estado, y ordenó a casi una treintena de empresas que dejen de vender piezas o se expondrán a multas.
Las armas de fabricación casera (conocidas como "ghost guns" o armas fantasma) permiten, a partir de kits con piezas, ensamblar armas que son difíciles de rastrear para las autoridades dado que carecen de número de serie, y suelen ser utilizadas por personas que legalmente no pueden acceder a armas.