Informe obtuvo 85 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones.
"Humala habría tenido un interés particular de ascender a un grupo determinado de militares de su entorno", explicó la congresista aprista Luciana León.
Ollanta Humala, que gobernó Perú entre 2011 y 2016, llegó a ocupar el grado de teniente coronel del Ejército peruano.
El pleno del Congreso de Perú aprobó formular una acusación constitucional contra el ex presidente Ollanta Humala y su ex ministro Pedro Cateriano por los presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita por supuestas irregularidades en los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas.
La acusación constitucional es una recomendación hecha a la comisión permanente del Parlamento por la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, cuyo informe aprobado en el pleno resume las investigaciones hechas a los ascensos y pases al retiro de militares durante el mandato de Humala.
El Congreso, donde el opositor partido fujimorista Fuerza Popular tiene mayoría absoluta, aprobó el informe a última hora del jueves por 85 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones.
El documento también recomendó remitir una copia de las indagaciones del Congreso a la Fiscalía para que inicie una investigación preliminar contra el ex ministro de Defensa Jakke Valakivi y el ex asesor presidencial Adrián Villafuerte por los presuntos delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita.
Según explicó la congresista aprista Luciana León, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, "Humala habría tenido un interés particular de ascender a un grupo determinado de militares de su entorno".
"En los primeros años de Gobierno de Humala se dio el nombramiento como comandante general del Ejército de Víctor Ripalda y Ricardo Moncada, quienes serían del entorno muy cercano del exasesor Adrián Villafuerte, al ser miembros de la promoción 77 del Ejército", según se argumenta en el informe.
Ollanta Humala, que gobernó Perú entre 2011 y 2016, llegó a ocupar el grado de teniente coronel del Ejército peruano y actualmente está investigado por presuntas torturas y ejecuciones extrajudiciales en 1992, cuando tenía a su cargo la base antiterrorista de Madre Mía, en la céntrica región de Huánuco.
