La Fiscalía General rusa emitió este lunes a los tribunales un caso penal en el que acusa a 41 representantes de las autoridades ucranianas de genocidio de la población de las regiones de Donetsk y Lugansk.
Según un comunicado de la entidad, publicado en su página web, entre los acusados figuran el jefe del Consejo de Seguridad Nacional ucraniano, Rustem Umérov, el exjefe del ejército Valeri Zaluzhni y el antiguo presidente Petró Poroshenko, entre otras personalidades.
También están en la lista Andrí Yermak, hasta hace poco el número dos de la Administración ucraniana, así como el ministro de Defensa, Denis Shmigal.
Todos ellos fueron acusados en rebeldía de genocidio, cargo que puede conllevar la cadena perpetua en caso de su detención en Rusia o la entrega a ese país.
"Según la investigación, desde abril de 2014 hasta la fecha, los acusados y otros funcionarios, estando en territorio ucraniano, ordenaron a personal subordinado de las Fuerzas Armadas y otras formaciones armadas utilizar armas de fuego, vehículos blindados, aviones de combate, misiles y artillería contra civiles con la intención de cometer genocidio contra la población de repúblicas populares de Donetsk y Luhansk", agrega el comunicado.
De acuerdo con datos de la Fiscalía rusa, casi 5.000 civiles murieron, 18.500 resultaron heridos a consecuencia de las acciones de los acusados.
Además, más de 153.000 instalaciones de infraestructura civil fueron destruidas parcial o totalmente.
"Como resultado, se infligieron daños significativos a la economía y se suprimieron elementos clave de la cultura, la religión y las tradiciones de los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk", señaló la nota.
La situación en la zona obligó desde 2014 a más de dos millones de personas a abandonar sus hogares, por lo que la población de Donetsk y Lugansk disminuyó de 6,5 a 4,5 millones, concluyeron las autoridades rusas.
Ucrania acusa a Moscú de crímenes de guerra
Ucrania, por su parte, acusa a Moscú de crímenes de guerra en su territorio tras la ofensiva iniciada en febrero de 2022.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y otras autoridades rusas por su presunta implicación en crímenes de guerra en Ucrania.
Rusia anexionó en septiembre de 2022 el territorio de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.
Precisamente el control sobre esas tierras es ahora uno de los principales puntos de discusión en las negociaciones con participación de Estados Unidos para poner fin al conflicto.
