Hasta fines de diciembre el Gobierno revisó más de 18.000 expedientes.
En el 21 por ciento de éstos se identificaron problemas.
Un total de 1.978 nuevos casos de "irregularidades evidentes" detectó la Subsecretaría del Interior al revisar, durante diciembre, 8.306 expedientes de exonerados políticos en el marco de las indagaciones por eventuales falencias en la entrega de beneficios previsionales a las personas a quienes se les reconoce esta condición.
Al 31 de diciembre de 2011 "el total de expedientes analizados llegó a 18.010", de un total de 50 mil que el Gobierno espera tener revisados de aquí a abril. Del total de expedientes revisados "se halló un total de 3.944 casos irregulares, los que equivalen al 21,9 de las carpetas revisadas", consigna El Mercurio.
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| El diputado PPD Patricio Hales consideró "francamente indecente" la actitud de sus pares de la Alianza frente al caso. (Foto: UPI) |
El documento emanado de la Subsecretaría consigna además que "del total de casos irregulares, existen más de 2.600 certificados de autoridades políticas -principalmente parlamentarios- que acreditan vínculo laboral", exoneración política y "que sirvieron de base para su calificación".
De acuerdo con los antecedentes indagados por la Oficina de Exonerados Políticos, entre los parlamentarios que figuran con más de 400 certificados extendidos en los casos con "irregularidades evidentes" se encuentran los diputados Sergio Ojeda (DC), con 549 certificados, y Enrique Jaramillo (PPD), con 448, y los senadores Isabel Allende (PS), con 408, y Alejandro Navarro (MAS), 407.
"Tenemos un compromiso de ir avanzando mensualmente en la revisión de expedientes. De los 18.010 archivos revisados, hay hasta ahora 3.944 casos con irregularidades. De este total, hay 102 casos de menores de edad que acreditaron vínculo laboral sólo con certificado de parlamentarios, y 34 casos con documentos adulterados", dijo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Ayer martes, según el diario, el diputado Patricio Hales (PPD) calificó como "francamente indecente" la actitud de los diputados de la Alianza que participaron en la comisión investigadora del caso (entre ellos los UDI Cristián Letelier y Felipe Salaberry y la RN Karla Rubilar), donde él es mencionado como uno de los que otorgaron certificados irregulares.
"Si ellos quieren pelear en el terreno personal de descalificaciones, sepan que cada uno de ellos tiene antecedentes muy delicados, muy peligrosos. El diputado Cristián Letelier es el defensor del agente CNI que secuestró al químico Eugenio Berríos, uno de los crímenes horrorosos de la dictadura", dijo Hales, agregando que "ellos atropellaron el respeto mínimo y nos acusaron por el posible fraude que habrían cometido otros".
