La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) desmintió que sus miembros hayan recibido sobornos por parte de la empresa Biobío Genera para manifestarse a favor del Terminal GNL Penco-Lirquén, parte del llamado proyecto "Octopus", como denunció en la víspera la Federación Regional de Pescadores Artesanales (Ferepa).
Luego de que, el martes, la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío diera su visto bueno para la iniciativa, que contempla la construcción y operación de un terminal marítimo de gas natural licuado en la bahía de Penco, el presidente de la Ferepa, Hugo Arancibia, señaló que cuatro de sus sindicatos y 11 de la Conapach habían sido comprados mediante "métodos gangsteriles".
"Hemos hablado con los sindicatos que están afiliados a la Conapach y ellos nos han señalado que nunca han visto un peso de por medio, que nunca han visto dinero que esta empresa les haya entregado", replicó hoy Sara Garrido, dirigente nacional de la organización.
"De hecho, una sola organización que está afiliada a la Conapach señala que existen unos convenios de colaboración, (pero) donde se deja explícito que en caso de daños o perjuicios, a ellos no los retiran de hacer alguna demanda", señaló Garrido.
"Telaraña metálica"
La aprobación ambiental provocó protestas y desórdenes el martes y ayer en la zona, que terminaron con varias personas detenidas, pero el rechazo no se remite sólo al ámbito ciudadano.
"Obviamente que me opongo a este nuevo proyecto de terminal que se quiere hacer, porque terminaríamos transformando nuestra bahía en una telaraña metálica, llena de ductos, de tubos, y no sabemos el impacto en las caletas pesqueras y la pesca artesanal de nuestro litoral", expresó Gabriel Torres, consejero regional de RN y candidato a alcalde por Hualpén.
La situación se complejiza "si le agregamos todas las intenciones que tienen muchas empresas que quieren instalar piscicultura en nuestra región", agregó Torres.
Ahimalec Benítez, presidente de la Comisión de Medioambiente del CORE, también se opone al proyecto "Octopus", pero alega que la opinión del organismo no es "tomada en cuenta".
"Creemos que, al no ser vinculante la opinión de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional, se afecta la credibilidad del Consejo", comentó.