El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Andrés Longton (RN), y su colega republicano Cristián Araya, que integra la misma instancia, llamaron este miércoles al Gobierno a endurecer -vía ley- las sanciones a los presos que provoquen destrozos al interior de los establecimientos penitenciarios.
Ambos parlamentarios visitaron esta mañana la Cárcel de Alta Seguridad, en Santiago, donde hace algunas semanas se desató una verdadera revuelta de criminales extranjeros, quienes -según denunciaba el propio Araya- "dejaron inutilizables 47 de las 60 celdas".
Ante la persistencia del problema -que Gendarmería califica como un "desorden generalizado"-, se resolvió engrillar de pies y manos a los involucrados.
En paralelo a esto, se conoció de una situación análoga en el norte: integrantes de "Los Gallegos" (el brazo operativo del Tren de Aragua) recurrieron a la justicia quejándose de falta de agua, tras haber destrozado ellos mismos el sistema de cañerías del Complejo Penitenciario de Acha, ubicado en Arica, para confeccionar armas cortopunzantes.
"Se debe sancionar con mayor dureza este tipo de situaciones, porque no hay ningún disuasivo para estos delincuentes de alta peligrosidad pertenecientes a bandas transnacionales que rompen el mobiliario y su actuar no tiene ninguna consecuencia", aseveró Longton.
"Hay que establecer penas más firmes, pero también restringir cualquier tipo de beneficio para quienes destruyen las cárceles, aplicando una sanción penal acorde al daño provocado", enfatizó el parlamentario RN, que junto a Araya ingresó hace algunos días un proyecto de ley ad hoc a este problema.
"EL CRIMEN ORGANIZADO TIENE EL OBJETIVO DE TOMARSE LAS CÁRCELES"
El republicano solicitó "que el Gobierno le otorgue prioridad a esta iniciativa y la incorpore al fast track legislativo en materia de seguridad"; especialmente considerando que "es un proyecto que tiene apoyo transversal de las distintas bancadas".
"Hay que evitar que se desencadene una crisis carcelaria debido al descontrol que estos grupos criminales pretenden instalar al interior de los recintos penitenciarios. Debemos inhibir desde ya estos intentos por provocar caos, sobre todo considerando que se trata de bandas poderosas que además amenazan e intentan sobornar a los gendarmes... Si el Gobierno y el Estado no dan una señal clara en esta materia, el crimen organizado podría lograr su objetivo de tomarse las cárceles", alertó Araya.
