El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti (PS), abogó por desligar a las altas autoridades del Poder Judicial de los procesos de nombramiento de jueces, después de que la Corte Suprema acordara iniciar una mesa de trabajo que aborde propuestas de reforma en esa materia.
La discusión se reabrió tras conocerse conversaciones por WhatsApp del exjuez de la Corte de Santiago y Copiapó, Juan Eduardo Poblete -actualmente imputado en el caso conocido como Operación Topógrafo-, de las cuales se desprende que habría intervenido ilegalmente en la designación de la ministra María Teresa Letelier en el máximo tribunal.
Según lo consensuado la semana pasada por la Suprema, De Urresti sería uno de los convocados, junto con el ministro de Justicia, Luis Cordero, y miembros de las comisiones de Constitución de ambas cámaras, a la mentada mesa de trabajo, pero el senador afirmó que, hasta ahora, "no he recibido ninguna llamada o invitación formal".
Fuera de eso, el socialista planteó que "la solución no está en la propia institución respecto de la cual hay observaciones; claramente a lo que tenemos que propender es que las altas autoridades, tanto de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones, ejerzan funciones jurisdiccionales, se concentren en esos aspectos, y no en los procesos de nombramiento".
"Cuando hay una destinación permanente a actividades administrativas, lejanas a la función juridiccional, creo que entramos en inconvenientes", cerró el legislador.
Sin embargo, los reparos al actual sistema también apuntan a la injerencia del poder político del Senado, dado que es el órgano que debe ratificar la nominación que propone el Presidente de la República en base a una quina de candidatos elaborada por la Suprema.
De hecho, la propuesta para reformar el proceso que presentó un grupo transversal de académicos, convocados por la Universidad Adolfo Ibáñez, fue emanada sin un acuerdo sobre el rol que debiera seguir teniendo el Congreso Nacional, a raíz de las diferencias en torno al papel que ha jugado hasta ahora.
DIFÍCIL "DERRUMBAR UNA MALA CULTURA INSTITUCIONAL"
A la espera de que se conforme la mesa, el ministro Cordero anticipó que existen cinco o seis alternativas para reformar el sistema de nombramientos, y que el Gobierno analizará cuál es la mejor base para trabajar.
No obstante, advirtió que "no hay sistema que pueda derrumbar una mala cultura institucional en materia de nombramiento, y en esto la profesión legal tiene la primera de las responsabilidades".
"Alternativas hay muchas. Todo el debate que se tiene en Hungría, en Polonia, en Israel, sobre los cambios a la estructura del Poder Judicial, tiene que ver con este tipo de cuestiones, porque hay un tema que no sólo tiene que ver con el nombramiento, sino de lo que deriva de ello, que es garantizar la plena independencia judicial", sostuvo.
¿ES NECESARIO UN CAMBIO?
Consultado sobre el tema en El Primer Café de Cooperativa, el exministro de Justicia Isidro Solís (Amarillos) ironizó que "he visto pocos ángeles caminando por las calles, pero no es un sistema perverso, en general ha funcionado bastante bien".
"La pregunta la haría al revés: más allá de que tal fulano se consiguió el voto, más allá de la anécdota, ¿hay algún ministro de la Suprema que haya deshonrado su designación en los últimos 30 años? No hay ninguno, por lo tanto, el producto del sistema -en general- yo considero que no es malo", insistió.
En contraste, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, acusó en el mismo espacio que "estamos asistiendo a un hecho que muestra tráfico de influencias; está bien, no son ángeles, pero deben tener una propensión a tener una integridad y una probidad a toda prueba, porque ellos son nominados".
"Hay muchos trámites donde es evidente el tráfico, como lo muestra parte de esta denuncia, que ha obligado a que se reúna la Comisión de Ética del Poder Judicial", relevó el exdiputado.
