Los padres de Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta, publicaron en su Instagram una declaración escrita por su hijo, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de esa ciudad por su presunta participación en el caso Democracia Viva.
Junto al representante legal de la mentada fundación, Daniel Andrade (ambos expulsados de Revolución Democrática), cumplen esa medida cautelar en el mismo penal tras ser formalizados por tres delitos de fraude al fisco.
El escrito parte señalando que "mi compromiso con las familias de campamento es el más alto. Jamás he robado nada, o utilizado dinero alguno para otros fines que no sea beneficiar a través de los programas a los más necesitados".
En ese sentido, asegura que "actué con la certeza legal que me transmitió el Ministerio de Vivienda, a través de sus funcionarios y jefaturas, con procedimientos planteados por ellos, estando en conocimiento la jefatura nacional de asentamientos precarios, Verónica Serrano, y la propia Subsecretaría desde antes de la implementación".
Contreras además dice haber transmitido esa misma certeza a "las fundaciones y a quienes prestaron asistencia técnica a Serviu y Seremi para enfrentar el aumento de labores que se triplicó respecto del año anterior".
DESCARTA HABER "SELECCIONADO" FUNDACIÓN ALGUNA
Volviendo a los delitos que se le imputan, cuestionó que funcionarios presuntamente avalados por su excartera ahora sean procesados, en una posible alusión a la reciente detención y formalización por fraude al fisco de la concejal Paz Fuica (suspendida en RD), debido al mismo caso.
"Es tremendamente injusto que, a quienes todos los niveles del Ministerio (sic) legalidad y regularidad basada en procedimientos realizados desde el 2019, enfrenten hoy acciones legales y persecución en su contra", lamentó.
Al cierre, Contreras subraya que el puesto de seremi que solía ocupar "es un cargo político, por tanto, la ley no le otorga facultades para la elección de una entidad sin fines de lucro ni para su financiamiento", como se ha señalado en la investigación.
"Ni yo, ni ninguna de las personas que estuvimos en la Seremi, tuvimos esa potestad; son otros los organismos del Estado los que tienen esas competencias y, en el caso concreto, hicieron uso de las mismas", remata el escrito.
