El Gobierno defendió las expresiones que formulado el Presidente Gabriel Boric (FA) sobre el caso audios, que involucra al influyente abogado y hoy imputado por corrupción Luis Hermosilla, y planteó que ha existido una suerte de doble rasero en las críticas a sus declaraciones en comparación con otras causas judiciales.
La semana pasada, cuando Hermosilla fue formalizado y quedó sujeto a la máxima medida cautelar, el Mandatario celebró que acababan "de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla". Ayer lunes reafirmó su opinión, aunque morigeró los términos y explicó se alegraba de que "una persona que se creía poderosa enfrente a la Justicia como cualquier otra persona".
De de todas formas, sus dichos han sido criticados transversalmente en el mundo político y catalogados como desafortunados por expresar una postura respecto a la decisión de otro poder del Estado. Incluso la defensa de Hermosilla, que encabeza su hermano Juan Pablo Hermosilla, ha usado las declaraciones de Boric y los ministros Luis Cordero y Carolina Tohá (PPD) para acusar una supuesta "intervención política" y que el Ejecutivo estaría tratando de "sacar ganancias antes de que haya condena".
Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), sostuvo que "cuando al Presidente se la ha criticado, legítimamente (porque) la democracia es parte de eso, por valorar el avance de la Justicia en la aplicación de una cautelar en un caso específico, como el caso Hermosilla, dice relación con que la reacción frente a sus palabras ha sido distinta que cuando se trata, por ejemplo, del caso convenios o de las prisiones preventivas de delincuentes comunes".
"La crítica se ha presentado frente sólo a unas palabras del Presidente y no frente a otras que han tenido el mismo tenor", comparó.
En la oposición, el diputado Diego Schalper (RN) adelantó que le transmitirán al jefe de Estado que no debiera ser "comentarista" de cada caso que ocurra: "A veces a algunos se les olvida, pero la Constitución nos recuerda siempre que no hay que referirse a procesos pendientes, y eso se aplica respecto de los parlamentarios y también, por supuesto, del Presidente de la República".
Por su parte, el diputado oficialista Marcos Ilabaca (PS) opinó que "el Ejecutivo, y en particular la figura del Presidente de la República, sí creo que deben ser prudentes porque, en definitiva, pueden ocurrir cambios dentro de la investigación criminal".
"Pero entiendo la postura que toma el Presidente de la República, que es la postura de todos los chilenos", relevó.
QUERELLA SUMA DELITO A LA "CAJA DE PANDORA"
En paralelo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella de la diputada Camila Musante (ind.-PPD) por el delito de tráfico de influencias, relativo a los ministros de la Corte Suprema, como Jean Pierre Matus, que están vinculados con los chats de Luis Hermosilla.
"Es una noticia que celebramos, no solamente porque se resolvió el misterio, ya que estuvo varias semanas entrampada en una contienda de competencia, sino también porque entendemos que la Corte de Apelaciones lo que hace es decir que este Juzgado es el que la tiene que conocer", valoró la legisladora.
Asimismo, interpretó que con esta resolución se "reconoce que hay un principio de ejecución del delito que tiene que ver con la defensa del exministro (Andrés) Chadwick" en la acusación constitucional que enfrentó en 2019, "y que por lo tanto nos devela que sí existen responsabilidades eventualmente por estos delitos dentro de los ministros de Corte Suprema que ya sabemos que tienen chats con el abogado y formalizado Hermosilla; por lo tanto, éste es un paso importantísimo para la Justicia".
Se trata de un nuevo delito que se agrega en la denominada "caja de Pandora" de Hermosilla: será investigado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y no la Oriente, que lleva el caso audios, que involucra los de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, y se tramita en el Cuarto Juzgado de Garantía.
ANTONIO JALAFF, CITADO A DECLARAR COMO IMPUTADO
En tanto, la Fiscalía Oriente citó a declarar a Antonio Jalaff como imputado en el caso audios el próximo 12 de septiembre.
Esto porque en la grabación que destapó la presunta corrupción, Jalaff fue mencionado en varias ocasiones como uno de los beneficiarios de la "caja negra" que mantenían Luis Hermosilla, Daniel Sauer y María Leonarda Villalobos para financiar pagos a funcionarios público. Además, se indagan gestiones del abogado con el gabinete del exministro de Vivienda Felipe Ward (UDI) -durante Piñera II- para que el Grupo Patio, dirigido por los Jalaff, obtuviera en apenas dos meses los permisos para construir un condominio, pese a que suelen demorar años.
Mientras tanto, Juan Pablo Hermosilla recibirá mañana miércoles, de parte de la Fiscalía Oriente, las más de 700 mil páginas de la mensajería incautada a su hermano imputado.
