"Yo supe el día 16 de junio", fecha en que explotó el escándalo por la prensa, insistió hoy el ministro de Vivienda.
La Sala de la Cámara Baja aprobó el informe de la comisión investigadora sobre el "caso convenios".
El ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), reiteró este martes que supo de las irregularidades de Democracia Viva el mismo día que explotó el caso en la prensa.
Esto luego de que un nuevo reportaje de Canal 13 revelara ayer una serie de mensajes entre la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y el otrora seremi de Antofagasta Carlos Contreras en los que ella señala necesitar "el VB (visto bueno) del ministro (Montes)" para el comunicado que Contreras preparaba para la prensa aquel 16 de junio de 2023, fecha en que estalló el escándalo tras la publicación del medio Timeline.
"Yo supe el día 16 de junio", insistió hoy el secretario de Estado ante la prensa.
Aunque remarcó que no quería repetir "todo el itinerario que ocurrió ese día", Montes explicó que el 16 de junio él estaba con la entonces ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, en "un seminario".
Agregó que "al salir de eso me dijeron que estaban preparando... Yo ya le había pedido la renuncia al señor seremi de Antofagasta. Él no la había presentado aún. Ahí lo que ocurre es que me hablan de que están preparando un texto, y yo lo único que les digo es que si están preparando un texto, que digan lo que les parece que hay que decir a ellos. No nos correspondía a nosotros intervenir".
Consultado sobre si dio el "visto bueno" de la declaración que Rojas preparaba, Montes afirmó que "yo no di visto bueno ni visto malo".
"(Contreras) fue una autoridad que está cuestionada por la opinión pública, que está en un momento específico y quiere dar una explicación. Y yo le dije, bueno, que digan lo que a ellos les parece decir", sostuvo el titular del Minvu.
Durante su gira por Chiloé, el Presidente Gabriel Boric reiteró que "hemos entregado todos los antecedentes que se tienen respecto a este caso a la Justicia (...) no hay nada que esconder, y por lo tanto, todos los funcionarios de Gobierno tienen el deber y la instrucción de prestar colaboración".
"Eso es lo que han hecho todas las personas aludidas. Hay algunos que han sido en su momento removidos de sus cargos porque -desde mi perspectiva- han tenido responsabilidad política en esto, y nuestros ministros ya se han referido al tema. Esto está en sede judicial y por lo tanto, ahí va a tener que resolverse lo que reste del asunto", cerró el Mandatario.
Este martes, la Sala de la Cámara Baja aprobó el informe de la Comisión Investigadora sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda.
La instancia, que abordó el "caso Convenios", tuvo como finalidad reunir información sobre las transferencias y actos de Gobierno realizados en el marco de dicho programa, durante los años 2022 y 2023.
El informe, aprobado por 72 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones, concluye que "evidentemente hay un mecanismo de conducta para aprovecharse del Estado". Agrega que es "una práctica transversal de aprovechamiento de este sistema de convenios.
Señala que la flexibilización de requisitos para transferencias a terceros, permitió que diversas instituciones sin experiencia previa fueran receptoras de fondos públicos. Esto en una modalidad de entrega arbitraria, dependiente de la autoridad de turno y carente de requisitos.
El informe llamó la atención sobre la falta de voluntad del Gobierno de colaborar con las instancias fiscalizadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta situación, añade, no resulta "un hecho aislado".
En ese contexto se citan las solicitudes de información remitidas por oficio al Presidente de la República, que no fueron contestadas. Asimismo, la negativa del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, de concurrir a las múltiples citaciones de la comisión. Eso, agrega, solo fue subsanado tras "la amenaza de un procedimiento sancionatorio por parte de la Contraloría General de la República".
El informe critica el trabajo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este último, porque habría tenido "un accionar cuestionable y en extremo reactivo, que no responde a la magnitud y profundidad del episodio de corrupción" que implica el caso convenios.
Respecto de diversas autoridades, el informe cuestiona en primer lugar a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Indica que las medidas que adoptó, en materia de control presupuestario, "se oponen al resguardo del buen uso de los recursos públicos que ha caracterizado a la Dirección de Presupuestos".
Además, en materia de transferencias de los Gobernadores Regionales a entidades privadas, la Dirección de Presupuestos "no ejerció debidamente el control en el uso eficiente de los recursos públicos. Esto ya que, al visar las reasignaciones presupuestarias, se permitió aumentar los recursos destinados a este tipo de transferencias en desmedro de aquellas transferencias vinculadas a la inversión regional".
Sobre el ministro Montes, el documento señala que si bien este no conocía la situación que afectaba a su cartera, no evita el reproche por la diligencia con la que condujo el ministerio. Se indica que, aunque los Seremis realizaron transferencias de manera delegada, el ministro Montes debió fiscalizar que dicha delegación se realizara ajustada a la ley.
También se apunta contra la ex subsecretaria Rojas. Se sostiene que conoció los hechos irregulares del caso Democracia Viva y no alertó a las autoridades superiores. Asimismo, el informe apunta a su negligencia al no denunciar al Ministerio Público los hechos que constituían caracteres de delito.
Lo propio respecto de Crispi, quien tuvo la información días antes de ser públicos. Se sostiene que su omisión y falta de deferencia con la comisión permiten cuestionar su continuidad, "la que de cualquier forma solo depende de la voluntad del Presidente de la República".
El informe sostiene que el caso "Democracia Viva" dejó en evidencia la precariedad de los controles de transferencias del Estado al mundo privado.
Además, que es posible advertir patrones comunes en las diversas aristas de corrupción que componen el caso convenios. "No es aventurado o irresponsable advertir la existencia de un mecanismo o el concierto previo para determinar una forma de defraudar al Fisco".
También se plantea la ausencia de facultades para fiscalizar las actuaciones de los gobiernos regionales.
Por ello, se plantea la necesidad de modificar el marco normativo, respecto de la relación del Estado con entidades privadas sin fines de lucro. Robustecer los criterios de control y fortalecer el ordenamiento jurídico y la institucionalidad. Todo ello para poner término a los controles laxos que permiten el registro de este tipo de situaciones.
Finalmente, se insta a avanzar en la tramitación legislativa de todos los proyectos que dicen relación con la probidad en la administración pública.
Durante el debate de la Sala, el diputado Gonzalo Winter (CS) afirmó que el informe de la comisión "es una vergüenza. Han convertido la seriedad de una herramienta fiscalizadora en una sumatoria de tuits deshilachados, declaraciones donde dicen básicamente que a una mayoría de una comisión le carga RD".
El frenteamplista recordó que el otrora contralor Jorge Bermúdez "señaló: 'A nosotros no nos corresponde decir si hay un mecanismo porque en realidad eso ya es una conclusión más bien del punto de vista penal'. Obvio. Y la comisión sostiene luego: 'No es aventurado e irresponsable advertir la existencia de un mecanismo para determinar una forma de defraudar al Fisco'. O sea, acusan un delito, y no encontré en todo el informe una prueba de aquel delito. Y luego dice: 'en Asentamientos Precarios se puede advertir una perturbadora coincidencia en la militancia de los involucrados', todos de un determinado partido político".
"Sherlock Holmes pasó y les dijo: 'Mansa investigación'", remató irónicamente.
Desde la oposición, en tanto, el diputado Diego Schalper (RN) hizo un llamado al Presidente Boric para que realice un cambio de gabinete.
"A medida que el tiempo avance, iremos conociendo más aristas de lo que ha sido calificado como un verdadero modus operandi, de robarse la plata del Estado con fines que, podemos suponer, tienen que ver con el financiamiento de acciones políticas", aseguró el legislador.
"Lamentablemente, el Congreso no tiene las herramientas que debiera para poder hacer valer la responsabilidad y, si bien nos queda poca fe y poca esperanza, confiamos que el Presidente de la República se acuerde de lo vehemente que era cuando estaba en esta Sala y haga cumplir la responsabilidad política y nos estrenemos en marzo con un gabinete nuevo, que no sea el gabinete de Democracia Viva", enfatizó Schalper.
