El titular de Justicia aseguró que el operativo masivo en las cárceles fue fruto de una fuerza de tarea creada en 2023.
Jaime Gajardo adelantó que presentarán en enero la reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad.
El Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó esta mañana el masivo operativo que culminó con la detención de más de 40 funcionarios de Gendarmería por integrar una red de corrupción y tráfico de influencias al interior de los penales.
En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad defendió la gestión penitenciaria frente a las críticas sobre la vulnerabilidad del sistema.
"El Estado tiene el control de las cárceles", afirmó tajante Gajardo, calificando de "trampa retórica" sugerir lo contrario por el hecho de que no exista un control absoluto, algo que, según explicó, no existe en ningún sistema.
El ministro reveló que el operativo no fue un hecho aislado, sino el resultado de una "fuerza de tarea del Estado" constituida en marzo de 2023 junto al Ministerio Público y las policías.
Según Gajardo, esta instancia se creó tras las extorsiones detectadas en Santiago 1 a inicios de 2022, aunque reconoció dificultades iniciales con la administración anterior de la Fiscalía, cuando estaba encabezada por Jorge Abbott.
El operativo de ayer, dijo el ministro, "es una investigación larga, fruto de una mesa que constituimos en el año 2023, que además implicó un trabajo coordinado entre Gendarmería y el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Es decir, el Estado actuando en su conjunto para enfrentar fenómenos complejos como es la corrupción de los sistemas penitenciarios".
"Este no es un fenómeno que solo ocurra en nuestro país. En general, el crimen organizado se ha infiltrado a través de la corrupción de los funcionarios públicos y por lo mismo en el año 2023 nosotros hicimos esto. Y es más, nosotros esto se lo solicitamos al fiscal anterior (Abbott) y se lo solicitamos después de que a comienzos del año 2022, nosotros ya estábamos recién asumiendo como Gobierno y se supo de las extorsiones en Santiago 1".
"Entonces en ese entonces yo acudí, era subsecretario de Justicia, fui a la Fiscalía Nacional y solicitamos que constituyéramos esto. No tuvimos buena recepción", dijo aludiendo a Abbott.
Sin embargo, añadió, "tuvimos buena recepción con el fiscal nacional Ángel Valencia. Él asume en enero del 2023 y en marzo constituimos este equipo y lo que estamos viendo ayer es fruto del trabajo precisamente del Estado".
Consultado por la ausencia de renuncias o destituciones administrativas inmediatas pese a la magnitud de la red, el ministro fue enfático en que la estrategia es la persecución penal, no solo administrativa.
"Si usted comete cualquier hecho ilícito va a tener que enfrentar la justicia y lo vamos a perseguir penalmente y los vamos a poner con los delincuentes. Porque usted si está cometiendo delitos no es un funcionario de Gendarmería, es un delincuente, tiene que estar tras las rejas", sentenció Gajardo.
En ese sentido, defendió el trabajo de la institución en este operativo. "Es como un poco paradójico, porque estamos viendo una investigación a Gendarmería que es brutal, con un nivel de corrupción que no queremos tener (...) Pero por otra parte, gracias a las oficinas regionales de Gendarmería (...) esto se ha podido investigar de manera así mismo de contundente y sin que se nos filtre la información", explicó.
Gajardo confirmó que se conocerán más detalles y las identidades de los involucrados en la formalización de este viernes.
El ministro Gajardo detalló en Cooperativa que el Gobierno acelerará la tramitación legislativa para reestructurar la dependencia de la institución penitenciaria.
Gajardo anunció que "muy pronto", específicamente en enero tras el receso legislativo, se presentará un proyecto de reforma constitucional al artículo 101 para que Gendarmería pase a depender del Ministerio de Seguridad.
"Gendarmería tiene que ser una institución similar al resto de las instituciones en materia de seguridad (...) Y que la reinserción por cierto tiene que estar en Justicia. Eso es algo que yo creo que hay bastante consenso y transversalidad política", explicó el ministro.
La autoridad aclaró que esta reforma "no implica mayor gasto" inmediato, ya que las funciones de reinserción se mantendrán en Justicia mediante una norma transitoria, postergando la discusión sobre la creación de una nueva institucionalidad exclusiva para la reinserción social.
