Ramiro Mendoza reaccionó así ante la denuncia de intervencionismo del comando de Bachelet.
Dijo que podrían pronunciarse en dos semanas o ya después de las elecciones.
La Contraloría sacará un nuevo instructivo que norme el comportamiento de los funcionarios públicos en contexto de campañas.
El contralor Ramiro Mendoza afirmó que no quiere que los dictámenes emitidos por el organismo sean utilizados como herramientas de campaña.
El día de ayer el comando de Michelle Bachelet presentó una querella contra quienes resulten responsables del presunto intervencionismo de la Gobernación Provincial de Concepción para boicotear la visita de la candidata, en el mes de mayo, a la zona afectada por el tsunami.
Mendoza explicitó su intención de que el resultado de la indagatoria, en lo que compete a Contraloría, no coincida con hitos eleccionarios.
"No queremos que nuestras investigaciones se transformen en herramientas de interpretación o de campañas políticas. En consecuencia, estamos apurándonos lo más que podemos", dijo Mendoza.
Según explicó, "una investigación sumaria debiera desarrollarse supuestamente en dos semanas".
"Si es una investigación sumaria que se transforma en un sumario administrativo tiene otros tiempos; estamos hablando de cuatro o cinco meses, y eso significaría que estas investigaciones terminan por materializarse en sus resultados finales después de la elección", apuntó.
Mendoza indicó además que la Contraloría sacará la próxima semana un nuevo instructivo que norme el comportamiento de los funcionarios públicos en contexto de campañas.
"Malversación de recursos públicos"
Indicó, en todo caso, que éste no variará mayormente respecto al del año pasado, que subraya, por ejemplo, la prohibición del uso de vehículos fiscales para asistir a actos proselitistas o acudir a ellos en horario de trabajo.
El abogado Pablo Carvacho, que presentó la querella en Concepción junto al secretario ejecutivo del comando de Bachelet, Rodrigo Peñailillo, dijo que ésta acusa el delito de "malversación de caudales públicos con fines de intervención electoral".
Las bancadas de diputados de oposición no descartaron interpelar o acusar constitucionalmente al intendente del Biobío, Víctor Lobos, mientras la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que la acusación se debe investigar, ya que en la administración Piñera "no escondemos nada bajo la alfombra".
En el ámbito judicial la investigación quedó a cargo del fiscal Jorge Lorca.
