Se trata de 18 imputados: 17 extranjeros y un funcionario activo de Carabineros, acusado de "datear" a la organización sobre procedimientos policiales en el barrio.
La audiencia se lleva a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago lleva a cabo este viernes la audiencia de formalización de los 18 imputados vinculados a la denominada mafia china que operaba en el Barrio Meiggs, acusada de una serie de delitos como tráfico de drogas, contrabando, homicidio, secuestro, comercio sexual y extorsión.
Se trata de 17 ciudadanos extranjeros -16 de nacionalidad china y un boliviano-, y un funcionario activo de Carabineros, perteneciente a la Segunda Comisaría de Santiago, quienes fueron detenidos en el marco de la operación "Muralla Oriental", que incluyó allanamientos en 63 viviendas de la capital.
El carabinero es acusado de colaborar activamente con la organización criminal al cumplir la función de "avisar" sobre los procedimientos de fiscalización e investigaciones policiales que estaban en curso en el tradicional barrio capitalino,
Según los antecedentes presentados en la audiencia, el funcionario utilizaba la aplicación WhatsApp para alertar a la banda sobre los operativos policiales que se realizarían, y también se le imputa haber facilitado armas y drogas directamente a la organización.
Durante la audiencia se detallaron los métodos utilizados por la banda para extorsionar a sus víctimas y se destacó la existencia de varios "lugares de cautiverio", eran retenidas y agredidas.
Según la indagatoria, el objetivo de estas agresiones era forzar a los afectados a realizar distintas acciones en beneficio de la banda. Entre ellas, se les obligaba a firmar documentos asumiendo deudas con los integrantes de la organización.
Además, mediante amenazas, las víctimas eran trasladadas a bancos y obligadas a retirar millonarias sumas de dinero. También se investigan eventuales crímenes por encargo por parte de la organización criminal.
La formalización ha enfrentado algunas dificultades, dado que la mayoría de los imputados son ciudadanos chinos y no hablan español, por lo que la audiencia ha requerido la presencia de varios traductores para asistir tanto a los abogados como al juez, asegurando el debido proceso.
