El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó prisión preventiva para los cinco sujetos detenidos el viernes, tras protagonizar un violento asalto a la sucursal de Servipag ubicada al interior del Terminal de Buses de la ciudad puerto.
El ilícito, que derivó en una intensa persecución policial con intercambio de disparos en pleno centro de Valparaíso, culminó con la captura de la banda y la recuperación de un botín superior a los 30 millones de pesos.
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía imputó a los detenidos una serie de delitos graves, incluyendo homicidio frustrado en contra de Carabineros, robo con violencia, disparos injustificados, receptación de vehículo robado y asociación criminal.
Coordinación y roles definidos
Uno de los puntos claves para acreditar, en esta instancia, la asociación criminal fue el nivel de organización de la banda. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el grupo no actuó de manera improvisada, sino bajo un plan estricto.
El fiscal Elizardo Tapia entregó detalles exhaustivos sobre cómo operaron los delincuentes, destacando la logística utilizada para asegurar la huida y la división de tareas dentro del recinto.
El persecutor señaló que todo ello "los dos vehículos llegan con propósitos distintos. En uno se trasladan los imputados y el dinero, y el vehículo blanco bloqueaba la salida de los buses para que, al momento de huir, no hubiese un bus obstaculizando la salida de las personas".
Asimismo, Tapia profundizó en la jerarquía y distribución de funciones durante el atraco, detallando que "de los antecedentes que se expusieron el día de hoy, se pudo establecer que había también una coordinación en el sentido de que había uno que dirigía claramente, que daba las instrucciones; otro que vigilaba en la puerta y reportaba si es que había algún inconveniente al momento de la salida; y los otros estaban distribuidos entre el primer y segundo piso para buscar el dinero y las especies de valor. Eso da cuenta de una coordinación y de una, digamos, elaboración de un plan para cometer este delito".
Finalmente, el tribunal estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual los imputados permanecerán privados de libertad mientras se realizan las diligencias pendientes.