Con presentaciones de expertos que analizan el libelo, la comisión revisora avanza este jueves en el debate sobre la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS).
Mientras que ayer asistió a la instancia el abogado William García para analizar esta acusación, esta jornada asistieron otros dos expertos: Jorge Barahona por la oposición y Enrique Rajevic por el oficialismo.
Barahona, que es profesor adjunto del Departamento de Derecho Privado de la
Universidad Católica, antes respaldó la acusación constitucional contra la entonces ministra del Interior Izkia Siches y hoy, usando expresiones en latín, apoyó esta acción contra el titular de Vivienda, al menos en sus capítulos iniciales.
"La responsabilidad de la jerarquía está en dos dimensiones, la designación misma y segundo la responsabilidad in vigilando. A partir de este documento, aunque sea sea mínimo- básico pero suficiente, que entrega a la señora subsecretaria. Por lo tanto, creo que en el primer y segundo punto las acusaciones son bastante sólidas desde ese punto de vista", afirmó el abogado.
CUESTIONAMIENTOS A BARAHONA
La exposición del abogado Barahona generó dudas e inquietudes entre parlamentarios, particularmente entre los oficialistas Jaime Naranjo (PS) y Tomás Hirsch (Acción Humanista), ante lo que el experto debió rectificar o disculparse.
"Como el Presidente de la República designó al ministro Montes, quiere decir que hay que acusar constitucionalmente al Presidente de la República, siguiendo la lógica de la teoría de la designación. Entonces me gustaría a mí que usted me pudiera explicar eso", cuestionó Naranjo.
"Por el solo hecho de designar no, y si usted necesita que yo le rectifique esa frase, la rectifico sin ningún problema", respondió el abogado invitado por los sectores de oposición.
En tanto, Hirsch emplazó al jurista y le cuestionó "¿en qué punto del informe de la exsubsecretaria (Tatiana Rojas) se dan indicios de delito o falta a una situación irregular?".
Ante esto, Barahona explicó que "sobre el informe lo que quise decir y a lo mejor lo
expresé mal -y pido la culpa por eso- es que los hechos que están ahí detectados,
los antecedentes que se ponen, me parece a mí que pueden estar siempre en interpretación. No tengo ninguna duda porque es evidente que está así, que la conclusión puede ser distinta, pero usted con los antecedentes puede llegar a otra conclusión".
DEBILIDADES DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Por su parte, Enrique Rajevic, profesor de derecho comercial en UAH y quien fuera candidato de la expresidenta Michelle Bachelet a contralor, expuso la debilidad de la acusación constitucional desde su perspectiva y reflexionó sobre el mensaje que se le daría al país en caso de que -independiente de las razones jurídicas- fuera aprobada sólo porque se hubieran conseguido los votos.
"No veo que en ninguna de las conductas que aquí se está planteando haya un mandato legal objetivo que haga que se pueda prescindir de las conductas del ministro, por lo tanto, para aprobar esta acusación, tendría que determinarse en qué consistieron esas acciones concretas y directas del ministro y eso efectivamente es una debilidad", analizó el abogado.
En esta línea, advirtió que "en general las conductas que se están planteando son conductas de otros u otras. El momento en que uno puede mirar las formas de actuar es cuando esto se conoce, antes la verdad es que nadie lo vio, ni siquiera la Contraloría".
"Uno podría decir bueno, esta es una responsabilidad política y por lo tanto como es política sumemos votos y da lo mismo, pero creo que es el tipo de cosas que desprestigia la política ante la opinión pública", puntualizó.
ALERTAS EN VIVIENDA
En la tarde participó en la comisión el exintendente de Antofagasta y abogado de la UDI Pablo Toloza, quien es querellante en el caso Democracia Viva y que expuso la secuencia de hechos que llevó a la formalización de Carlos Contreras y Daniel Andrade, aunque prácticamente no nombró al ministro Montes, lo que fue cuestionado por los integrantes de la comisión.
Al ser consultado sobre esto, Toloza dijo que Vivienda tuvo dos alertas sobre esta situación, luego que "el 21 de octubre de 2022, el exseremi le informa al señor Trincado la incorporación de estas dos fundaciones y ahí ya debió haber saltado la primera alarma".
Estas palabras fueron refutadas por Hirsch, quien recordó que "no puede haber recibido el señor Trincado un oficio el 21 de octubre del 2022, por cuanto el señor Trincado asumió el 2023, salvo que haya habido alguna situación de tipo paranormal".
"No es el señor Trincado, sino que es el jefe del programa de Asentamientos Precarios, que en ese tiempo no era el señor Trincado", replicó Toloza.
"Se habla acá del informe del 8 de junio del 2023 de la subsecretaria al ministro, donde dice 'cabe mencionar que en una vía general el procedimiento realizado por el seremi de la Región de Antofagasta se ajusta a la forma en que se han estado llevando a cabo los procesos de aprobación de convenios a nivel nacional desde el año 2019'", sostuvo el diputado Naranjo.
Para Toloza, "si uno analiza ese oficio, hay una serie de hechos que ameritaba una acción por parte de quien lo recibía, que era el ministro. Aparecen una serie de fundaciones con una cantidad no menor de recursos transferidos, montos que a esa fecha no estaban ejecutados y que además no estaban rendidos".
Al ser consultado sobre si existe mérito para una acusación contra Montes, Toloza respondió que "no soy constitucionalista, por tanto difícilmente puedo yo señalar a ustedes si tiene mérito o no desde el punto de vista constitucional".
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Enrique Aldunate, abogado constitucionalista vinculado al PS, tuvo una visión distinta a Toloza, respondiendo a los cuestionamientos del diputado Labbé, quien aseveró que "el ministro Montes, bajo su expertiz, con la mano al corazón para todos los chilenos, ¿no tiene ninguna responsabilidad política en los hechos que hemos señalado acá?".
"Si yo quisiera reprocharle al ministro Montes respecto de responsabilidad política porque bajo su ministerio ocurrió este hecho, en la estructura que tiene el sistema institucional chileno no sería posible (...) ni tanto en el ámbito de la responsabilidad política ni en la política jurídica creo yo que Montes tiene responsabilidad", dijo el abogado.
Cabe recordar que la instancia está presidida por el diputado Víctor Pino (exPDG, actualmente en la bancada Social Cristiana y uno de los autores de la acusación), e integrada por Cristián Labbé (UDI), Natalia Romero (ind-UDI), Tomás Hirsch (presidente de Acción Humanista) y Emilia Nuyado (PS).
Para la próxima semana, el oficialismo espera invitar al exintegrante del TC Francisco Zúñiga y a Julio Pallavicini, abogado de la Corte Suprema, además de los abogados Luis Valentín Ferrada y Gonzalo García.
Por su parte, la oposición busca la participación de la exsubsecretaria Tatiana Rojas; del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, la diputada Catalina Pérez, y el periodista del medio Timeline, Jorge Ortiz.
