Luego de los nuevos hechos criminales conocidos en las últimas horas, el Partido Republicano urgió al Presidente Gabriel Boric (FA) a que remueva a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), contra la que mantiene una acusación constitucional para responsabilizarla del "desbande de la delincuencia" en el país.
En el Congreso Nacional reconocen que los recientes sucesos, como cuatro homicidios en distintas comunas de la Región Metropolitana o el "turbazo" en el que la asesora del hogar y dos niños, de 14 y cinco años -hijos del dueño de la casa-, fueron amarrados por los delincuentes en Pedro Aguirre Cerda, no ayudan a la defensa que pueda desplegar la titular de la cartera que tiene a su cargo la seguridad pública.
El libelo, que consta de dos capítulos, acusa a Tohá por omitir la adopción de medidas más eficaces para resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado; y para prevenir la vulneración de nuestras fronteras".
El diputado Luis Sánchez, jefe de la bancada de la tienda ultraderechista, ve "muy difícil que la ministra logre transformar la inseguridad, la violencia, la delincuencia que vemos en las calles, en un activo para ella".
"Yo no sé qué obra de magia tendría que realizar ella para que lleguemos los chilenos a esa conclusión. Hace minutos veía esta situación en Pedro Aguirre Cerda, donde dos menores de edad estuvieron secuestrados. Son cuestiones gravísimas y que tienen a toda la gente aterrada, y con justa razón", sostuvo.
La comisión revisora sesionó esta mañana, y "una de las cosas que precisamente conversábamos, y que nos planteaba el profesor que vino a exponer, es cómo la acusación constitucional es una herramienta para resguardar los derechos de las personas", aseguró Sánchez.
"Por eso es tan importante que el Presidente Boric, lo antes posible, tome la decisión de remover a la ministra Tohá del cargo, (y) no es necesario siquiera que lleguemos a la votación de la Cámara (Baja) y después del Senado", emplazó.
El libelo de Republicanos tiene comprometidos los respaldos de la UDI y RN, mas no de Evópoli, en Chile Vamos.
No obstante, el diputado Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, recalcó que "estoy en contra de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, pero la verdad es que hoy uno lo pone en duda".
"La hemos invitado a la Comisión de Seguridad Ciudadana solamente a conversar la posibilidad de un estado de excepción en distintas comunas, para reflexionar sobre una cuestión que parece que urge, porque hubo siete asesinatos brutales en las últimas 24 horas. La presidenta del Colegio Médico (Anamaría Arriagada) dice que hay 24 ataques a centros de salud a diario. O sea, estamos en una crisis de seguridad, y la ministra dice que no puede venir", reprochó el opositor.
"SIN FUNDAMENTOS NI APORTE", REPROCHA LA MONEDA
Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), apuntó que "si la ciudadanía se pregunta en qué contribuye esta acusación constitucional en la persecución y combate a la delincuencia y el crimen organizado, la respuesta es en absolutamente nada; no es sólo una acusación que carece de fundamentos y de méritos".
Ante ello, enfatizó que "nuestro foco está en que el Parlamento pueda avanzar en la agenda legislativa de seguridad", por lo que, solicitó: "Que si producto de las acusaciones constitucionales, hay interrupciones de sesiones donde se pueden ver tres o más proyectos de la agenda legislativa, incluso en Sala, entonces se resuelva y se coordine cómo poder compensar esas pérdidas de votación por sesiones extraordinarias para, justamente, no paralizar la labor legislativa en materia de seguridad".
El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, añadió que "por cierto, llama la atención una acusación del Partido Republicano que se presenta el mismo día en que se ratificó el desafuero del diputado de dicho partido por el llamado caso convenios", aludiendo a Mauricio Ojeda.
Desde el oficialismo, el diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio) complementó que "naturalmente, tenemos una situación dramática, dura, pero se están ocupando todas las herramientas, aumentando el presupuesto y comprando instrumentos para que la PDI y Carabineros hagan de mejor forma su labor".
"Yo creo que las acusaciones constitucionales siempre son legítimas: son herramientas que los parlamentarios deben ocupar y que deben ser utilizadas también por quien es acusado justamente para demostrar todo lo que se ha realizado", reflexionó.
Se estima que la defensa de Tohá, a cargo del abogado Juan Ignacio Piña, expresidente del Consejo de Defensa del Estado y exsubsecretario de Justicia (entre 2013 y 2014) durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera, ya tiene la contestación redactada, aunque cuenta con plazo hasta el martes de la próxima semana para enviarla a la Cámara Baja.
Se prevé que el informe de la comisión revisora sea negativo, puesto que cuenta con mayoría oficialista 4 a 1, aunque su resolución no es vinculante.
La diputada Marta González (independiente-PPD), integrante de la comisión, comentó que "hemos revisado la acusación, además hemos visto todo lo que ha hecho la ministra del Interior en temas de seguridad, cómo ha podido sacar adelante una tarea súper difícil de temas que venían arrastrándose desde hace muchísimo tiempo, y hoy día lo que necesitamos es apoyo transversal para que esta gestión se pueda hacer mucho más efectiva".
