Uriarte espera que, "con un análisis riguroso y político de buena fe", se rechace la acusación a Jackson

La comisión ad hoc continúa analizando la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), y tiene plazo hasta el miércoles para evacuar su informe a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En este marco, la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte (PS), llamó a los parlamentarios a que rechacen el libelo, que a su juicio no tiene sustento.

"La acusación es una que tanto en lo jurídico como en los hechos que lo sustentan es absolutamente improcedente. Y esperamos que, de buena fe, con un análisis riguroso, político de buena fe, Chile Vamos y por supuesto los partidos oficialistas nos acompañen para evitar que esa acusación se concrete", afirmó.

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El diputado socialista Marcos Ilabaca opinó hoy que "la acusación constitucional no es un método para cobrar cuentas o sancionar a una persona por ser pesada o arrogante".

"En el caso del ministro Jackson, uno lo podría acusar de cualquier cosa: puede ser muy arrogante, muy altivo, pero eso no es argumento suficiente como para generar una acusación constitucional de estas características", enfatizó.

"Puedo tener muchas diferencias con el ministro Jackson", manifestó en la misma línea su par del PPD Raúl Soto, apuntando que "no fue un buen ministro de la Segpres, muy por el contrario; fue un mal ministro, hizo una mala pega en el Congreso Nacional, pero otra cosa es que se vaya a aceptar una acusación constitucional en su contra, que busca inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por varios años".

"Eso me parece absolutamente desproporcionado, un exceso, y por eso vamos a tratar de construir la unidad de todos nuestros sectores para enfrentar esos desafíos futuros", remató.

CHILE VAMOS TOMÓ DISTANCIA DEL LIBELO

En la oposición, el diputado Andrés Longton, jefe de la bancada de RN, aseguró que "no estoy convencido para votar a favor de la acusación contra el ministro Jackson, y aún estoy lejanamente en condiciones de ser convencido".

En cuanto a la postura de sus correligionarios, adelantó "lo vamos a conversar entre mañana y pasado mañana, en que tendremos reunión respecto a la postura de la bancada, y eventualmente dejaremos libertad de acción".

Desde el comité UDI, el independiente Álvaro Carter añadió que "no tengo ánimos ni de golpista, ni actitud de desestabilizar el Gobierno. En Chile los presidentes tienen que terminar y los ministros tienen que trabajar, y la actitud que tuvieron ellos (el oficialismo) no la vamos a repetir".

Debido a que la comisión está integrada por una mayoría oficialista, se estima que el informe será negativo, es decir, que le recomendará a la Sala que rechace el libelo.

DC ANALIZA "ELEMENTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS"

Mientras, desde la Democracia Cristiana (DC), el diputado Eric Aedo señaló que la bancada, que él preside, "va a votar en conjunto esas acusaciones constitucionales, en especial la del ministro Jackson".

"No hemos tomado aún una definición. No solo estamos analizando los elementos jurídicos de esa acusación. Obviamente tenemos en consideración todos los elementos políticos de lo que esto significa", complementó el falangista. 

EXPUSO JEFA DEL SERVICIO DE LA NIÑEZ

La acusación, impulsada por la bancada del Partido Republicano, consta de cuatro capítulos, uno de lo cuales lo imputa por presuntamente "infringir gravemente la Constitución y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el haber acusado a una funcionaria de Gobierno de delito como motivo de desvinculación del cargo, omitiendo como verdadera causa las instrucciones indebidas que se le dio a dicha funcionaria en el marco del SEIA".

Éste apunta al caso de la exseremi Metropolitana del ramo Patricia Hidalgo, quien denunció haber recibido presiones para votar de determinada forma algunos proyectos, como a favor del Mall Vivo de Ñuñoa, una planta de tratamiento en Quilicura y el segundo tramo de la autopista Vespucio Oriente. 

También se le cuestionan a Jackson supuestos como la falta de ejecución presupuestaria, la compra de terrenos usurpados y las listas de espera para niños vulnerables.

Sobre esto último expuso hoy en la comisión Gabriela Muñoz, directora del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia.

"Nosotros iniciamos un proceso de invalidación, eso quiere decir que vamos a mirar a la luz de antecedentes que los organismos colaboradores pueden presentar, antecedentes en alegaciones, vamos a mirar el contenido de esas alegaciones y vamos a determinar si es necesario invalidar total o parcialmente el concurso; mientras, lo que hacemos es dar continuidad, ya sea con los organismos colaboradores que venían ejecutando los proyectos o con nuevos adjudicados. Lo garantizamos en el 100% de los proyectos en los distintos territorios del país", sostuvo, asegurando que no hay menores que no estén siendo atendidos.

ACUSACIÓN CONTRA EXMINISTRA RÍOS: VIERA-GALLO REPROCHA "PRECIPITACIÓN"

En paralelo, también sesionó la comisión ad hoc que revisa la acusación constitucional contra la exministra de Justicia Marcela Ríos, a quien se le atribuye responsabilidad en el otorgamiento de siete de los 13 indultos pese a que presuntamente no cumplían los requisitos; y por una falta de control jerárquico sobre Gendarmería a propósito de beneficios penitenciarios dados "a ciertos presos de la macrozona sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente".

Su abogado, el otrora ministro José Antonio Viera-Gallo, cuestionó la pertinencia de que Chile Vamos haya impulsado este proceso cuando, a la vez, ingresó requerimientos en otras instancias, como el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República.

"Yo creo que ha habido una precipitación por algunos diputados de presentar una acusación, primero, antes de que concluya una comisión investigadora sobre esta misma materia, o sea, si ya tienen la conclusión, para qué investigar; segundo, han presentado hoy los requerimientos al Tribunal Constitucional, y qué pasa si éste dice, como espero, que los decretos son constitucionales, y si la Contraloría dice que son legales", inquirió.

Sobre ese respecto expuso en la comisión parlamentaria expuso el abogado Máximo Pavez (UDI), exsubsecretario de la Segpres: "Cuando hablo de última ratio, no me refiero a que el sistema esté diseñado para que la acusación constitucional sea la última instancia en el tiempo. No hay una obligación constitucional ni procesal de agotar ciertas vías para proceder a la acusación, porque es un juicio jurídico político, y es la cámara política la que juzga si en un caso determinado procede o no hacer valer la responsabilidad", planteó.