En medio de la maratónica votación de las más de 600 observaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, la Comisión Experta aprobó esta noche de jueves la eliminación de la controvertida norma relativa a la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda, una de las más emblemáticas que ha impulsado el Partido Republicano en el Consejo Constitucional.
La idea del oficialismo de suprimir completamente la iniciativa recibió 16 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones.
Entre los comisionados que apoyaron suprimir la norma estuvieron cuatro representantes de Chile Vamos: Hernán Larraín (UDI), Máximo Pavez (UDI), Sebastián Soto (Ind.-Evópoli) y Katherine Martorell (RN).
La polémica propuesta republicana había generado polémica tanto en el oficialismo como en la oposición, luego de que agrupaciones de alcaldes advirtieran del riesgo de "desfinanciamiento" que su aprobación podría suponer para los municipios.
En tal sentido, diversos expertos advirtieron efectos negativos de eximir las contribuciones a la primera vivienda: por ejemplo, un estudio de la Universidad Católica del Norte estimó que reduciría los presupuestos de todos los municipios del país en 64%.
JUSTICIA MILITAR, SUPRIMIDA CON UNANIMIDAD
En tanto, destacó el acuerdo para suprimir la norma que establecía la Justicia Militar, pues en una votación única hubo unanimidad para aprobar las enmiendas duplicadas del oficialismo y la oposición con ese fin.
La disposición eliminada establecía que "las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar", y que "en ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares".
OTRA VOTACIONES
En otras deliberaciones, la norma que otorga beneficios carcelarios a personas con enfermedades terminales quedó igual a como fue despachada por el Consejo, ya que en la Comisión se rechazaron las observaciones de ambos bloques.
Por otro lado, fue aprobado el redistritaje para la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados.
En otro asunto, por acuerdo, se eliminó la "grave amenaza terrorista" como causal para decretar estado de sitio.
En cuanto a los derechos sociales -salud, pensiones y educación- quedaron casi en los mismo términos que los definió el Consejo, ya que no hubo quorum en la Comisión para introducir elementos de solidaridad y modificar la libertad de elección del destino de la cotización.
El derecho a huelga, por su parte, quedó establecido solo en la marco de la negociación colectiva, tal como lo había determinado el Consejo.
