"Este anteproyecto no va a ser la Constitución de los sueños de ninguno de nosotros, pero sí tenemos la certeza de que es una Constitución bien hecha", dijo Verónica Undurraga.
"Vamos a esperar el resultado final y, luego, nos corresponderá a los consejeros analizar, evaluar o mejorar ese trabajo", adelantó el constituyente Luis Silva.
Esta semana el Pleno de la Comisión de Expertos revisará y votará el borrador de nueva Carta Magna que, finalmente, será entregado al Consejo Constitucional cuando inicie sus funciones, el próximo 6 de junio.
"Este anteproyecto no va a ser la Constitución de los sueños de ninguno de nosotros, pero sí tenemos la certeza de que es una Constitución bien hecha, que está equilibrada, que respeta nuestra tradición constitucional y mantiene normas que han probado que funcionan bien y, a la vez, innova en materias muy importantes", afirmó en la víspera la presidenta del comité, Verónica Undurraga, a Cooperativa.
Una de esas innovaciones, dijo la abogada, es el artículo 1, que dice lo siguiente: "Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas".
Dicha norma "da protección muy robusta a los derechos y libertades individuales de las personas, a la vez que configura el Estado social de derecho; es decir, una protección fuerte de la salud, de la educación, de la seguridad social, del derecho prioritario al agua para el consumo", resumió Undurraga.
Otro artículo destacado del anteproyecto, aprobado en la subcomisión de Principios, es el que reconoce a los pueblos indígenas "como parte de la nación chilena, que es una e indivisible" y su participación política en el Congreso, según los "mecanismos" que serán establecidos por la ley, aunque el oficialismo no logró incluir escaños reservados.
Por su parte, la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado fijó un umbral del 5% de los votos para que un partido pueda "participar en la distribución de escaños" del Parlamento para evitar la actual fragmentación política, solo con la excepción de que la formación "tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios".
A modo de transición, y sólo para las primeras elecciones parlamentarias tras la aprobación de la nueva Carta Magna, la barrera se rebajará al 4% (o la obtención de 4 parlamentarios).
La misma subcomisión despachó una norma sobre paridad en la que fija, de forma transitoria, un equilibrio de sexos en que ninguno puede superar la proporción 60%-40% y ordena a los poderes Ejecutivo y Legislativo tramitar una ley que la regule en el plazo de un año.
El borrador también contempla fórmulas para promover la participación ciudadana, como la iniciativa popular de ley, que podrá ser presentada al Congreso con un apoyo ciudadano del 4% del último padrón electoral; y la iniciativa derogatoria de ley, para derogar total o parcialmente una norma y someterla a referendo.
Para fortalecer al Poder Ejecutivo y su relación con el Congreso, los expertos diseñaron un mecanismo a través del cual el Presidente de la República podrá escoger un máximo de tres proyectos de ley, como parte de su agenda legislativa prioritaria, que deberán tramitarse en un año, de lo contrario, "se pondrán en votación en la sala en su última versión aprobada".
Desde el Partido Republicano, ganador de las elecciones constituyentes, el consejero Luis Silva, el más votado del país, rompió el silencio impuesto por la colectividad y aseguró que son "muy respetuosos del proceso que está llevando adelante el comité de expertos y de las definiciones que ha tomado y que tiene que tomar en los próximos días".
"Vamos a esperar el resultado final y, luego, nos corresponderá a los consejeros analizar, evaluar o mejorar ese trabajo de cara a la finalización de este proceso constitucional", indicó el constituyente electo por la Región Metropolitana.
Según Silva, "si hay algo que nos dejó el fracaso de la Convención anterior es que no debemos adelantar juicios, pero sí tener una vocación por superar las desconfianzas y trabajar con responsabilidad para representar a los chilenos. Ese es nuestro espíritu y compromiso con este proceso".
Mientras que desde el oficialismo, que será minoría dentro del futuro órgano constituyente, apuntan a la creación de un "bloque unitario" como estrategia, consideran que el clima de discusión dentro de la Comisión Experta es un buen antecedente y creen que el borrador es un buen punto de partida para el trabajo de los consejeros, ya que refleja los acuerdos logrados.
El reconocimiento de los pueblos indígenas en la nueva Constitución no es un hito suficiente, debe incluir derechos colectivos reales en temas culturales y de recuperación y gestión del territorio, sostuvo Alihuen Antileo, único representante indígena elegido para el Consejo.
"Nosotros no vamos a plantear otros artículos, otros derechos, que contravengan el acuerdo, porque va a ser inviable. Existe este reconocimiento de los pueblos indígenas. Nosotros planteamos que debería ser un reconocimiento real y, por lo tanto, que eso se traduzca en el reconocimiento o establecimiento de algunos derechos colectivos que son parte de las demandas de los pueblos indígenas", indicó el abogado mapuche.
"Está la participación política mediante votación diferenciada y escaños reservados en el Congreso. Lo que esperamos es que no solo se circunscriba al Congreso, sino que a los cargos de elección popular o, por ejemplo, a los gobiernos regionales y también los municipios", agregó Antileo.
REPOSICIÓN DE NORMAS
Ambos sectores, tanto el oficialismo como la oposición, van a reponer algunas indicaciones que fueron rechazadas en las subcomisiones.
Desde la derecha, buscarán reponer la protección de la vida que está por nacer, un tema que quedó fuera ya que no contó con los votos necesarios (oficialismo no apoyó), y también buscarán la libertad de elección en pensiones. Además, buscan instalar una norma que estipule que los municipios podrán desarrollar directamente (o con otros órganos de la administración del Estado) funciones de prevención, apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana a nivel nacional, en conformidad con la ley.
En tanto, desde la izquierda, los derechos sexuales, reproductivos y de los animales; y también el reconocimiento al trabajo doméstico son enmiendas que tampoco tuvieron el respaldo necesario en las subcomisiones y que serán repuestas en el debate del Pleno de la Comisión Experta.
También existe una norma que fue rechazada, que establece que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la verdad respecto de tales acontecimientos, a una reparación integral y garantías de no repetición. Esta norma también será repuesta por el oficialismo en el debate en el Pleno.
